La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha declarado la firmeza de una sentencia que obligaba al Ayuntamiento de Telde y a una aseguradora a pagar una indemnización a un trabajador municipal que tuvo un accidente laboral en diciembre de 2007. En primera instancia se consideraba que el consistorio realizó hasta tres incumplimientos en materia de seguridad laboral. Por un lado no facilitó formación en materia de riesgos laborales, no constaba plan de prevención y además la operación no era supervisada por un superior.
El hombre, que tenía un contrato por obras y servicios desde el 1 de octubre de ese año, sufrió un accidente de trabajo al caer de espaldas y golpearse la zona lumbar con unos escalones. Además, quedó atrapado por un objeto pesado, ya que estaban portando entre dos empleados unos módulos de festejos de unos 40 kilogramos por una rampa. El afectado fue declarado incapacitado permanente en grado total en 2009, aunque la relación con el Ayuntamiento había concluido el 29 de diciembre de 2007.
El consistorio fue condenado en primera instancia a pagar 39.359,79, que se sumaba a otros 60.101,02 que cubría la póliza de seguros. En total ascendía a 99.461 euros. Sin embargo, desde la administración local se interpuso recurso y el fallo de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de septiembre de 2014, dejó la condena en 65.866,33 euros. Esta sentencia es la que deberá cumplirse al rechazar días atrás el Supremo el recurso para la unificación de doctrina del afectado.
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