El Gobierno de Telde pedirá este jueves en Madrid la suspensión, o al menos la flexibilización, de las directrices marcadas por el Ministerio de Hacienda a través de un informe de la Subdirección General de Estudios y Financiación de Entidades Locales.
La alcaldesa de Telde, Carmen Hernández, y los tenientes de alcalde, Alejandro Ramos, Juan Martel y Celeste López, ofrecieron este martes una rueda de prensa en la que se detalló el contenido del documento que se ha remitido a la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas previo a la reunión que mantendrá su titular, Antonio Germán Beteta, con la regidora municipal. A este encuentro, que tiene un carácter eminentemente técnico, acudirán además la concejala de Economía y Hacienda, Celeste López, y el delegado de Gobierno de Canarias,
La regidora municipal explicó que hay razones objetivas para creer que el Estado comprenderá la delicada situación de la ciudad para encontrar, dentro de la legalidad, fórmulas que permitan flexibilizar la aplicación de las exigencias del Ministerio de Hacienda. Así, el documento remitido –que ya está siendo estudiado por los técnicos y técnicas de la Secretaría de Estado- detalla que el Ayuntamiento mantiene una deuda financiera a 31 de diciembre de 2015 de 101,8 millones de euros; por sentencias firmes por expropiaciones, de 30 millones; y a proveedores de ejercicios cerrados, de 21 millones. A ello hay que sumar la deuda por sentencias firmes dinerarias por juras de cuentas, responsabilidad patrimonial, reclamación de cantidades y otros motivos, que aún está pendiente de cuantificar.
Ante esta situación, destaca el documento remitido al Estado, el Gobierno de Telde ha acometido diversas actuaciones que permitan sanear las cuentas públicas y reconducir la situación económica y financiera, como el cumplimiento de los plazos de pago de los intereses y el capital de la deuda pública. Asimismo, se ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias una Propuesta Razonada de Pagos para afrontar los 18 contenciosos administrativos con sentencias firmes por expropiaciones en ocho años, de las que ya se han aceptado tres (fechadas en 2003, 2005 y 2006). También se ha elaborado un Plan de Pago con cargo al remanente de Tesorería para abonar la deuda a proveedores de ejercicios cerrados a razón de 4 millones de euros anuales hasta 2023, y se está realizando otro similar para afrontar las sentencias condenatorias.
Reducir el periodo medio de pago
La alcaldesa de Telde, Carmen Hernández, anunció en la rueda de prensa que ha dictado una providencia dirigida a la Intervención y al Órgano Económico Financiero para que se incorporen medidas que permitan reducir el periodo medio de pago (PMP) que actualmente está en una media de 172 días, entre las que se encuentra depurar la cuenta 413 para verificar las facturas correctas y exigir su pago, que los servicios garanticen la tramitación de los ingresos a liquidar, la reducción de la tasa por la gestión recaudatoria del ente Público de Recaudación (Valora) y la adaptación del presupuesto de Tesorería para dedicar el 60% de la participación de los Tributos del Estado al pago de facturas.
La aplicación de estas medidas y la consecuente reducción del PMP, señaló Hernández, no solo supondrá que el Estado disminuya su nivel de presión ante la Institución local, sino que el Ayuntamiento podrá contribuir a la generación de economía y puestos de trabajo en el municipio al mejorar la situación de los proveedores, en su mayoría pequeñas y medianas empresas.
Personal y Servicios Esenciales
Entre las medidas solicitadas por el Ministerio de Hacienda se encuentra la reducción en un 5% de los gastos de funcionamiento, lo que afecta directamente en los capítulos 1 y 2 de los presupuestos locales, que según el informe ya han sido recortados “motivados por el cumplimiento de los planes de ajustes en vigor, lo que deja prácticamente sin margen de maniobra a esta Institución. Cualquier nuevo recorte en estos capítulos supone un mayor deterioro de los servicios públicos básicos que se prestan y pone en peligro el funcionamiento normal de una Administración local en una ciudad que presta servicios a 102.078 habitantes”.
En ese sentido, la regidora de Telde expuso que actualmente la plantilla municipal la conforman 630 personas, 244 menos que en 2009, y a final de año se jubilarán 4 más. Esto ha supuesto un ahorro en el Capítulo 1 de 8.369.183 euros, un 24,49%. Pero además, el horizonte de jubilaciones a 2020 es del 8,7% de la plantilla, lo que supone un total de 55 trabajadores públicos menos.
También el Gobierno local ha aplicado recortes en el gasto de personal político y eventual desde el inicio de mandato. En ese sentido, la Junta de Gobierno Local celebrada el 23 de junio de 2015 aprobó la contratación de un techo de 19 cargos eventuales a pesar de que el límite legal permite 27, y la reducción de los salarios en un 20% con respecto al anterior mandato, lo que se traduce en un ahorro de 428.000 euros con respecto al ejercicio 2014.
Por otro lado, la alcaldesa puso el acento en la situación en la que se encuentra el cuerpo de la Policía Local, que cuenta con 110 efectivos, 73 menos de lo recomendado en el decreto 75/2003, de 12 de mayo, por el que se establecen las normas marco de la coordinación de las Policía Locales de Canarias. A esta merma se une el hecho de que entre 2016 y 2019 se prevé la jubilación reglamentaria a los 65 años de 11 efectivos, aunque si se aprueba el decreto en trámite para la modificación del RD 1698/2011, que supone adelantar la jubilación a los 60 años, la merma de la plantilla será de 14 efectivos más.
Finalmente, el documento –que se acompaña de informes técnicos que avalan todos los argumentos esgrimidos- se recoge que en el Capítulo 2 se incluyen los servicios esenciales que presta la Administración y que garantizan el mantenimiento de los servicios públicos básicos, como la recogida de residuos, alumbrado, agua, y la limpieza y mantenimiento de colegios, entre otros.
Los tres planes de ajustes que tiene actualmente suscritos esta Administración (RD-Ley 4/2012; la tercera fase del mecanismo de pago a proveedores, y la orden PRE 966/2014 para la refinanciación del crédito para pago a proveedores) ya han supuesto duros recortes en contratos básicos para el mantenimiento de la ciudad como es el de limpieza viaria y recogida de residuos, o en la prestación de servicios esenciales como el de las escuelas infantiles públicas cerradas en el año 2012, y han supuesto una reducción de personal de los citados servicios de 156 personas en los últimos 4 años. Asimismo, este apartado del presupuesto local incluye partidas asignadas a servicios que están comprometidas para el pago de sentencias dinerarias en firme.
Con todo ello, concluyó Carmen Hernández, Telde no puede realizar más ajustes que conllevarían graves problemas de cohesión social y harían peligrar la prestación de servicios esenciales, y el Gobierno actual está demostrando que es un gobierno responsable que trabaja para resolver la situación del municipio, por lo que confía en que el Estado sea sensible y permita la flexibilización en la ejecución de las directrices de Hacienda.
