El sindicato SITES (Sindicato del Transporte de Emergencias Sanitarias), denuncia un nuevo atropello contra los profesionales del sector del Transporte Sanitario de la Comunidad Autónoma, esta vez protagonizado por las empresas UTE Acciona/ICOT e ISCAN Servicios Integrales S.L., que han aplicado una reducción del 2% en las nóminas de sus trabajadores tras interpretar de forma interesada una sentencia del Tribunal Supremo en la que no eran parte.
Desde el sindicato se explica que el origen del conflicto se remonta a 2019, cuando se firmó el último convenio colectivo del sector en Canarias, –CCOO y USO por la parte social y A.R.C.E.A y ACEA, por la parte empresarial- el cual vinculaba las adjudicaciones del Transporte Sanitario a las tablas salariales pactadas. Debido a que ese año no se formalizó niguna adjudicación, algunos profesionales del sector -asesorados por los sindicatos que habían firmado el convenio-, presentaron reclamaciones de cantidades. La patronal ARCEA, representada mayoritariamente por Aeromédica Canaria S.L.U., respondió presentando una demanda de conflicto colectivo. Tras varias sentencias y recursos, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) falló parcialmente, lo que dio lugar a diferentes formas de actuación por parte de las empresas.
En este contexto, la empresa TASISA, como parte mayoritaria de la patronal ACEA, ha alcanzado acuerdos con los Comités de Empresa para abonar las cantidades adeudadas, correspondientes a salarios no percibidos desde el inicio de las adjudicaciones.
Sin embargo, empresas como UTE Acciona/ICOT e ISCAN Servicios Integrales S.L., que ahora forman parte de la nueva patronal ARTS –y que ni negociaron el convenio actualmente en ultractividad ni la UTE Acciona/ ICOT era adjudicataria ni prestaban servicio público en el momento del conflicto-, han optado por reducir dichas cuantías a sus trabajadores. Esto constituye, según SITES, una actuación de mala fe, ya que dichas empresas venían cumpliendo hasta ahora con las tablas salariales estipuladas tanto en el convenio como en los pliegos de licitación.
Hasta la fecha, las partes implicadas en el conflicto no han solicitado una aclaración en la sentencia por lo que desde SITES, entienden que es incomprensible que desde las entes sindicales implicadas y precursores del conflicto estén optando por actitudes pasivas y de justificación ante tal situación en favor de las patronales.
SITES subraya que las empresas que licitan en un concurso público deben no solo prestar el servicio adjudicado, sino respetar íntegramente las condiciones laborales establecidas. Por ello, considera que UTE Acciona/ICOT e ISCAN han actuado en contra de los intereses de los profesionales al interpretar una sentencia ajena a su favor y, pese a haber recibido ya de la administración los fondos correspondientes según las tablas salariales, han decidido recortar sueldos a posteriori. Este hecho conlleva que el beneficio industrial aumente a costa de recortes salariales. Este hecho, ya vino sucediendo con despidos de personal subrogado e incluido en la licitación pública y que es sustituido en el mejor de los casos por personal con contratación precaria y en prácticas, lo que supone reducciones de salario de un 25%.
Ante esta situación, el sindicato está valorando emprender acciones judiciales, tanto colectivas como individuales, contra las empresas implicadas por haber percibido de forma indebida fondos públicos. “Si los trabajadores no van a percibir las tablas salariales de 2024, las empresas tampoco pueden recibir las partidas presupuestarias que las incorporan. Y si solicitan un reembolso retroactivo a cada profesional, entonces deberán devolver esas cuantías al erario público canario”, apunta Iván Amador, Secretario General de SITES.
Por todo ello, SITES ha trasladado el conflicto a la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, al Servicio Canario de Salud y a la Consejería de Sanidad, solicitando que se actúe de forma administrativa y se exija la devolución inmediata de los cobros indebidos a las arcas públicas.
Finalmente, el sindicato recuerda que la UTE Acciona/ICOT ya se vio implicada en el conocido Caso Mediador, con mensajes que apuntaban a adjudicaciones a dedo, así como en el Caso Parches, actualmente judicializado por presuntos daños contra la salud pública. Un panorama que, según SITES, deja en evidencia el tipo de empresas que operan en un sector tan sensible, justo cuando se aproxima el fin de las prórrogas de los actuales pliegos de licitación en el archipiélago.
