Las investigaciones sociológicas tienen en el acceso a los datos uno de los modos más incontrovertibles de desentrañar las problemáticas sociales y de justificar sus alternativas. El registro sistemático de datos cuantificables y su estudio para obtener porcentajes y tendencias es una de las más poderosas herramientas de análisis de la realidad social.
Por su pretensión de registrar las incidencias y hacer un seguimiento riguroso de su evolución en el tiempo, las administraciones públicas generan multitud de datos. Ello, con la capacidad de procesamiento que facilita actualmente la informática, permite poner a la disposición de los investigadores y de los responsables de tomar decisiones, multitud de análisis objetivos de visualización, diagnostico e intervención.
En los últimos años no dejan de aparecer notables investigaciones con vastos registros poblacionales y de una gran extensión temporal en uno de los ámbitos más cruciales para nuestras sociedades, el de la sanidad, pues dotar de las mejores condiciones posibles de salud y bienestar a la ciudadanía es uno de los fundamentos de la acción pública. Recientemente, una revista especializada hacía público un estudio, muy significativo y fundamentado, realizado en EEUU sobre un millón de personas con cifras obtenidas durante veinte años. Las conclusiones son incontestables: en función del mayor o menor nivel educativo, la esperanza de vida es más o menos larga. La menor formación académica registra unos datos de mortalidad similares al consumo de tabaco.
Hace pocos años también se publicitaron las conclusiones de un extraordinario estudio, efectuado sobre registros de varias décadas, sobre los profesionales de la administración pública en Inglaterra, que también ponían en tela de juicio el nada inocente paradigma biomédico dominante, basado en la genética de los individuos y su estilo de vida y que deja de lado la relevancia de las circunstancias sociales en las condiciones de salud de la ciudadanía. En esa investigación se constata que los cuadros inferiores del funcionariado padecen más enfermedades de todo tipo que los cuadros superiores; que los altos cargos sufren en mucha menor frecuencia los achaques psicosomáticos que comprometen nuestra calidad de vida y longevidad. Quién lo hubiera dicho ¿verdad?
Resulta que la desigualdad social perjudica seriamente la salud de los más desfavorecidos; que la injusticia provoca la muerte prematura de muchísimos seres humanos vinculada a su condición económica, laboral o de género; que la pobreza mata. Todo esto excede el marco corporativo sanitario y hace inadecuada la omnipresente práctica medicamentosa. Todo esto son cuestiones de prevención de la salud, el primer objetivo teórico de toda política sanitaria.
Frente a los prejuicios, datos; frente a los tópicos, datos; frente a la propaganda y el ocultamiento, datos. Mientras los poderes actuales nos manipulan con disquisiciones sobre los presupuestos sanitarios y las listas de espera, la necesidad de preservar la salud, fundamento del derecho a la sanidad, sigue oculta a la población y ajena de las políticas fundamentales de los aparatos del Estado. Así que opongámonos a todo tipo de discriminación, exijamos las condiciones básicas de vida digna, reivindiquemos la responsabilidad pública de los poderes. ¡Es de lo más saludable!
Xavier Aparici Gisbert, filósofo y emprendedor social
