Los cuatro grandes municipios de Canarias, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife,La Lagunay Telde, acordaron este martes ocho un paquete de medidas en materia de vivienda que acometerán de forma conjunta para resolver uno de los grandes problemas sociales que afectan a las cuatro urbes, así como a otras muchas de Canarias.
La alcaldesa de Telde, Carmen Hernández, que tiene asumidas las competencias de Vivienda, y las edilas y ediles del área deLa Laguna, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, Flora Marrero, Javier Doreste y Carmen Delia Alberto, respectivamente, mantuvieron una reunión por espacio de dos horas en la que estuvieron acompañados por personal técnico de las diferentes instituciones locales, reunión celebrada en Telde por cuestiones de agenda pero liderada por la concejala lagunera Flora Marrero, pues a su Ayuntamiento se le asignó la mesa de trabajo de vivienda en la primera reunión entre alcaldes del pasado mes de diciembre.
En la posterior comparecencia de prensa explicaron los acuerdos tomados en el encuentro, ocho medidas recogidas en un documento abierto que trasladarán ahora, para su desarrollo, a los alcaldes de cada ciudad, con la excepción de la alcaldesa de Telde que detenta también las competencias municipales de vivienda.
Las citadas medidas siguen la línea de consensuar y compartir las estrategias de trabajo en la materia; el diagnóstico de la situación de la vivienda en cada municipio para identificar los retos que se deben afrontar –tanto Telde como Santa Cruz ya han confeccionado el informe-; la reorientación de las políticas públicas con la introducción de nuevas medidas; o el fomento del alquiler social.
Igualmente, los cuatro responsables coincidieron en la necesidad de solicitar tanto al Gobierno de España como al Gobierno de Canarias nuevos planes de vivienda, centrados en el alquiler así como en la rehabilitación y en la reposición. Incentivar el alquiler en el arrendamiento privado mediante beneficios fiscales de competencia municipal -que serán estudiados con los máximos mandatarios de cada ciudad-; reactivar el parque de viviendas vacías con las entidades bancarias y las empresas inmobiliarias para aumentar el número de alquileres sociales; y la interlocución directa con el Gobierno canario y con los Cabildos para introducir las aportaciones de los Ayuntamientos fueron los otros puntos incluidos en las conclusiones de la reunión.
Esa participación conjunta ante Administraciones supramunicipales fue destacada por Javier Doreste como uno de los hitos más relevantes, “ante un problema profundo que supera intereses partidistas y que ataca a todas las islas”.
Por su parte, Carmen Delia Alberto subrayó que Santa Cruz viene desde 2012 poniendo en práctica “medidas creativas”, entre las que se encuentran un protocolo antidesahucios que valoró muy positivamente, al tiempo que indicó la conveniencia de ahondar en el camino legal que permita la permuta de suelo municipal por vivienda, además de reactivar la bolsa de vivienda autonómica a través de las propiedades de empresas y particulares.
Carmen Hernández, alcaldesa de Telde y responsable local de vivienda, puso en valor este tipo de foros recordando que las cuatro grandes ciudades canarias concentran casi la mitad de la población del Archipiélago y tasas de desempleo sensiblemente superiores a la mayoría de municipios. Hernández abogó por la “innovación porque si se siguen aplicando los mismos remedios se volverán a padecer los mismos problemas”, y destacó la colaboración en la reunión celebrada de los gerentes y jefes de servicio “pues han reflexionado más que nadie sobre las vicisitudes en esta cuestión y también sobre las posibles soluciones”.
La lagunera Flora Marrero puso el acento en el conocimiento que tienen los ayuntamientos de estas problemática “porque están en contacto con ella día a día”, por lo que reclamó un mayor peso de los mismos en la toma de decisiones del Ejecutivo canario. Marrero reconoció que había llamado su atención la coincidencia de los cuatro municipios en algunas cuestiones que se les plantean, poniendo como ejemplos “las amenazas de desahucios no para dentro de un mes sino para dentro de un par de horas” así como los casos que afectan a mujeres con hijos a su cargo.
Los cuatro representantes públicos lamentaron las numerosas bajas de oficio en el Registro Público de Demandantes de Vivienda de Canarias -producidas por el más que probable desánimo de muchos demandantes que no renuevan-, y expresaron la necesidad de integrar las políticas sociales y las de vivienda. Para finalizar, quisieron enviar “un mensaje de esperanza” a las personas que sufren esta dura realidad: “No tiraremos la toalla y seguiremos luchando para garantizar el derecho constitucional, el derecho humano, del acceso a la vivienda”.
