Las escuelas infantiles no debieron continuar abiertas traspasado el verano pasado. Un informe de fiscalización redactado por la interventora municipal, Eloísa Gil Peñate, en febrero de 2020 resalta que la gestión de las guarderías no es una competencia propia y tras ejecutarse la subvención concedida por el Estado -en julio del 2021- debía ordenarse su cierre.
Sin embargo, la alcaldía permitió que estos centros destinados a la educación infantil de 0 a 3 años continuasen gestionándose hasta final de ejercicio sin dinero ni encomienda. Fomentas, empresa municipal que fue asignada para efectuar el mantenimiento de las escuelas, tuvo que continuar con el servicio a pesar de que no se le había prorrogado el contrato (que terminó al mismo tiempo que concluyó la financiación, en el mes de julio).
La habilitada nacional, que cesó del cargo el pasado 20 de diciembre tras ser destinada a La Gomera, detalló en su escrito que el servicio solo podía continuar llevándose a cabo si el Consistorio seguía obteniendo fondos para el proyecto. Pero este no ha sido el caso. Además resaltó que la administración local tampoco es «financieramente sostenible para poder realizar la competencia» por si misma, pero, a pesar de las negativas, las guarderías han continuado abiertas durante los últimos seis meses.
Nuevo interventor
Lo curioso es que hasta que Gil Peñate no dejó de ocupar el puesto de titular de la intervención general, el Gobierno no aprobó un segundo encargo a la entidad pública. El mismo día que la funcionaria interina dejó su puesto, Carmen Hernández, la regidora municipal, decretó por cuenta propia el nombramiento de Juan Manuel Betancor, auxiliar administrativo, para ejercer durante un periodo temporal de un mes este cargo.
En esta misma jornada, el nuevo interventor juró el cargo y firmó un informe respaldando la decisión de continuar la gestión de las escuelas infantiles. Finalmente, al día siguiente (21 de diciembre) la regidora convocó una junta de gobierno local extraordinaria y urgente para aprobar una segunda encomienda a la compañía pública para la gestión de las escuelas por un importe de 1,3 millones del presupuesto.
Cabe recordar que el Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Función Pública, avisó a la administración local de que la designación de Betancor infringe el ordenamiento jurídico. La elección de este tipo de cargos únicamente compete a las Comunidades Autónomas y además deben ser suplidos por funcionarios con categoría A-1. Es decir, con estudios universitarios que estén vinculados preferentemente al ámbito de la economía.
En un documento firmado por Montserrat García, directora general de esta área, se especifica que «la invalidez de la designación puede afectar a la validez de los actos y trámites en los que haya podido intervenir el funcionario escogido». Esto incluiría el nuevo encargo a Fomentas, además del pago de casi un millón de euros por las facturas esgrimidas durante los meses en los que la empresa pública tuvo que hacerse cargo del servicio de estos centros infantiles sin el contrato (de julio a diciembre de 2021).
El abono de este importe (928.965 euros) fue aprobado en el pleno ordinario de diciembre con los votos a favor del grupo de gobierno, a excepción del concejal Juan Francisco Artiles (Más por Telde), que se ausentó durante toda la sesión. El Partido Popular alertó durante el turno de debate del punto que no se había incluido todos los documentos necesarios y que no había podido tener acceso a la nueva encomienda a Fomentas. Propuso dejar sobre la mesa el punto, pero finalmente salió adelante. Sin embargo, ahora el expediente podría considerarse como invalido.
Por otro lado, cabe destacar que en esa misma sesión la alcaldesa avanzó que el Gobierno de Canarias empezaría a cofinanciar el servicio a partir de este año a través de un acuerdo marco con la Federación Canaria de Municipios cuyo objeto es regular la cooperación entre la Consejería de Educación y los ayuntamientos con el fin de establecer las condiciones generales para la gestión y financiación compartida del primer ciclo de educación infantil.
Este convenio supone que las escuelas infantiles dejen de ser gratuitas para los usuarios. En cambio, los padres que inscriban a sus pequeños deberán empezar a pagar una pequeña cuota. En concreto, la mandataria resaltó que la Consejería de Educación aportaría un 50% del total del presupuesto necesario; la administración local se encargaría de un 30% y el resto, los usuarios. El importe de cada unidad familiar, sin embargo, dependería de su renta. En principio, la adhesión a este acuerdo tendría que ser aprobada mediante una sesión plenaria, pero la que tuvo lugar en enero no se llevó ningún punto en el orden del día.
La Provincia-Dlp (Judith Pulido)
