Más por Telde pide que se abra un expediente de responsabilidad patrimonial y reclamación de cantidades contra Pablo Rodríguez (CC), actual vicepresidente del Gobierno de Canarias y edil en la Corporación local en el pasado mandato, al considerarle responsable de parte de la cantidad (58.737,20 euros más costas e intereses), que el Ayuntamiento tendrá que pagar a la empresa gallega Alcor Seguridad S.L. por la polémica vigilancia de la Casa de la Condesa de Jinámar entre 2012 y 2013.
Juan Francisco Artiles insinúa que Pablo Rodríguez habría podido incurrir en un delito de prevaricación y acusa de mantener una actitud “oscura” y “poco transparente” a fin de proteger a su socio de Gobierno, Coalición Canaria. “Ha callado y no informó al Pleno del origen de los expedientes. Y ha abundado en su política de ocultación y opacidad para proteger al señor Rodríguez, obligando a este político a solicitar los expedientes mencionados hasta en cuatro ocasiones”, añaden desde esta formación.
Comunicado de Más por Telde
El 30 de marzo de 2016, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Las Palmas, dictó una sentencia, no recurrida, que condena al Ayuntamiento de Telde a pagar Alcor Seguridad, S. L.la cantidad de 58.737,20 euros, más intereses, por un servicio de vigilancia prestado entre junio de 2012 y febrero de 2013.
Según refleja la resolución judicial, los representantes de la Administración local, lejos de defender los intereses de la Institución, tuvieron un comportamiento poco diligente, particularmente el señor don Pablo Rodríguez Valido, que intervino como testigo y que, a pesar de haber firmado el contrato con la empresa mencionada el 27 de junio de 2011, mantuvo la afirmación del Ayuntamiento negando la existencia de contrato, confirmando que el trabajo no se había realizado a pesar de que consta en las facturas su propia firma dando conformidad a las mismas.
Dice la resolución del juzgado: “… pese a no existir constancia de procedimiento alguno de adjudicación…”, “la ausencia de encargos o contratos, incumplimiento que en todo caso, ha sido provocado por ella misma, cuando la testigo ha reconocido que los servicios fueron prestados y que, de hecho, figuran las firmas del funcionario y del Sr. Concejal en las facturas emitidas, sin que pueda ahora invocarse que existen irregularidades en la prestación del servicio cuando tales manifestaciones no fueron realizadas con anterioridad por los responsables municipales…”
Es evidente que este nuevo varapalo judicial es fruto de la incapacidad y la inactividad de los responsables políticos y demuestra la arbitrariedad habitual a la hora de contratar y pagar. Los hechos descritos por la titular del Juzgado pueden ser constitutivos de un presunto delito de prevaricación y otro de administración desleal.
Cabe recordar que el Gobierno Local, con el apoyo de CiucaA, aprobó en el Pleno de junio pasado una modificación de crédito de 2 millones de euros para abonar ocho partidas de gastos, que tenían que ver con deudas derivadas de sentencias firmes, entre ella la de Alcor Seguridad, S. L.
Llama la atención la actitud oscura, poco transparente, de la señora Alcaldesa, que tratando de proteger a su socio de Gobierno, CC, ha callado y no informó al Pleno del origen de los expedientes. Y ha abundado en su política de ocultación y opacidad para proteger al señor Rodríguez, obligando a este político a solicitar los expedientes mencionados hasta en cuatro ocasiones.
Por ello, en la mañana de hoy, Más por Telde ha presentado un escrito dirigido a la señora Alcaldesa solicitando que inicie expediente de reclamación patrimonial y reclamación de cantidad contra don Pablo Rodríguez Valido por los intereses y gastos generados como consecuencia de la sentencia contraria a los intereses municipales por la vigilancia de la Casa de la Condesa de Jinánar.
