Como concejala que fui de la ciudad de Telde, siempre consideré y considero que los funcionarios de habilitación nacional son el bastión de la legalidad y regularidad en la gestión administrativa y económica en los entes locales, figuras de alto prestigio pese a estar sometidos al fuego cruzado de la presión de los políticos de turno.
Me han parecido “patéticas” las declaraciones de la alcaldesa de Telde, Carmen Hernández, que considera “increíble” el poder del que disponen los habilitados nacionales en las corporaciones locales, algo que, a su juicio, dificulta considerablemente la toma de decisiones. Así se despachaba la primera mandataria municipal el programa radiofónico El Espejo Canario, sin encomendarse ni a Dios ni al diablo.
Sin prepararse los temas de los que va a hablar, y no será porque no tenga asesores, argumenta que las prerrogativas de los habilitados nacionales fueron producto de las políticas del PP, y esto no es así, ya que fueron directrices europeas contra la corrupción, que Zapatero retrasó cuanto pudo, y que asumió el PP porque no le quedaba otra, y gracias a Dios, porque el hedor de la corrupción política era ya insoportable.
Ocurre que con frecuencia a muchos políticos no les gusta que les digan lo que es legal y lo que no, y ahí empiezan a estorbar los habilitados nacionales. Ha quedado más que retratada la actitud casposa de la alcaldesa de Telde con su crítica a los mismos.
Muchos casos de corrupción se han desmontado por la labor de estos funcionarios, que a menudo ni cuentan con recursos técnicos para llevar a cabo sus funciones ni con el apoyo de los políticos que gobiernan en el municipio en cuestión.
(*) Maribel Castro Melián, periodista
