Los puesteros de los mercadillos de Jinámar y Santa Lucía denuncian que las administraciones locales hayan procedido a ordenar el cese de la actividad de venta ambulante en estas localidades hace más de un mes, como medida para evitar el aumento de contagios por coronavirus. Los comerciantes sostienen que no existe una orden explícita por parte del Gobierno de Canarias para ejecutar un decreto de cierre.
“Los ayuntamientos están escudándose en que se han prohibido los eventos multitudinarios, pero los mercadillos están considerados como actos de comercio sin establecimiento y por tanto no tienen por qué suspenderse”, expresa Arturo Montesdeoca, uno de los vendedores afectados que posee un puesto de zapatos.
La Provincia-Dlp
