Después de una década de instrucción en Las Palmas de Gran Canaria, el considerado hasta ahora supuesto testaferro de Teodoro Obiang, el empresario hispano-ruso Vladimir Kokorev, la fiscalía de la capital gran canaria entiende que debe seguir investigándose el supuesto lavado de dinero durante el próximo año y medio.
De acuerdo con las defensas del ya jubilado contratista, con esta decisión del fiscal Luis del Río Montesdeoca y la jueza Ana Isabel de Vega, responsables de la investigación, nos encontraríamos en unos tiempos “que superan los límites permisibles en un Estado de derecho (…) el retrso en la conclusión del proceso significa una carga y un perjuicio que lesiona de lleno el derecho a la presunción de inocencia”.
La instrucción sobre los hechos que dieron lugar a la causa, paradójicamente, ya ha concluido. La recepción de fondos por una compañía de Kokorev, que tenían su origen en Guinea Ecuatorial, ha sido justificada con contratos de los trabajos que se llevaban a cabo en el sector naviero y de los bienes de equipo en Malabo, así como con un compendio de facturas y documentación oficial reconocida como tal por las propias autoridades de la antigua española y que obra desde hace más de un año en el juzgado nº5 de Las Palmas.
Precisamente en el marco de la investigación, “todas las comisiones rogatorias están ya acordadas y solicitadas y cuando se evacúen, si su resultado es relevante, serán elementos probatorios o fácticos para fundamentar la acusación o las defensas”; razón por la que el proceso que se lleva a cabo en Gran Canaria está adquiriendo una singularidad que sorprende incluso a actores jurídicos que operan en la propia Audiencia Provincial de Las Palmas.
Pena “de sospecha”, “de proceso” y “de banquillo”
En un proceso en el que miembros de la UDYCO canaria han comparecido ante la jueza por no haber salvaguardado, como han reconocido, la cadena de custodia durante la recogida y el tratamiento de materiales informáticos, las defensas de Vladimir Kokorev entienden que a estas alturas ya se está “sometiendo al implicado a condiciones de ‘semi-penalización’”, y produciéndole, entre otros perjuicios a la salud, “gastos, estigmatización social, pérdida de tiempo y de trabajo, humillación o descrédito” en medio de una situación de doble incertidumbre: “no sabe cómo terminará su proceso y tampoco sabe cuándo”.
La “sorprendente e inmotivada prórroga en pesquisas que han perdido el rumbo”, para el abogado de la esposa de Kokorev, Antonio José Cabrera, lleva a recordar precisamente las palabras que el antiguo Fiscal General del Estado, Maza, dejó aludiendo a la mala praxis de ciertos fiscales: “ha de descartarse el inicio de la inviestigación cuando las denuncias se funden exclusivamente en meras plasmaciones de suposiciones (…) del mismo modo habrá de procederse al cese de la investigación en curso y a su archivo en el instante en que se aprecie que determinadas conductas que estén siendo investigadas no revisten los caracteres de infracción penal”.
En efecto, Kokorev ha pasado de ser acusado de ser el testaferro de Teodoro Obiang a que la policía fundamente su investigación sobre la base de entregas ilícitas de bienes y servicios a Guinea Ecuatorial, “operaciones que no revestirían naturaleza delictiva, que son de naturaleza comercial y han sido verificadas por las partes contratantes” y especialmente por el pagador, en este caso el propio Estado africano.
Julia, la mujer del otrora testaferro, sin diligencias en su contra
Especialmente llamativo resulta el caso de Julia, la esposa del investigado, también inmersa en la instrucción y que sufrió dos años de cárcel preventiva en la prisión de Juan Grande antes de que se le prohibiera la salida de la isla de Gran Canaria, como medida cautelar.
De acuerdo al escrito que se ha puesto en conocimiento de la jueza De Vega, tras más de una década, la investigación contra ella “no ha progresado lo más mínimo, ya que no se ha obtenido ningún dato nuevo de carácter inculpatorio y, sin perspectivas razonables de hacerlo, debería llevar al archivo de la causa contra ella (…) por más que la instrucción ha cambiado su objeto varias veces, lo que se evidencia inequívocamente es la insostenible permanencia en calidad de investigada, por más que la instrucción se haya vuelto puramente prospectiva”.
Se da la circunstancia de que la persona bajo sospecha por haber recibido cantidades presuntamente injustificadas de dinero ecuatoguineano (veinte millones de euros) es su marido, y tanto de esas transacciones como de las posteriores realizadas por empresas pertenecientes a la familia no se constata la participación concreta de Julia.
Redacción Onda Guanche
