En las últimas han llegado los ecos de la celebración por parte de Guinea Ecuatorial de medio siglo de independencia, con Teodoro Obiang recibiendo fuertes críticas de la situación de pobreza en la que está sumida parte de la antigua española, junto a las sistemáticamente denunciadas violaciones de derechos humanos.
Los festejos llegan en un momento crítico precisamente para quien está considerado, en Las Palmas, como un ‘amigo’ o supuesto testaferro del caudillo ecuatoguineano. Vladimir Kokorev, de nacionalidad hispano-rusa, sigue confinado cautelarmente sin poder abandonar la isla de Gran Canaria tras una década de instrucción y camino de un año tras su salida de la prisión de Juan Grande, donde acumuló treinta meses junto a su esposa, Julia, que sumó otros veinticuatro y, hasta ahora, igualmente tiene restringidos sus movimientos.
Después de que el fiscal, Luis del Río, haya solicitado la prórroga para poder, de una vez, completar la instrucción por presunto blanqueo de capitales de unos veinte millones de euros, la jueza Ana Isabel de Vega tendrá que atender a la petición del abogado de Kokorev (de sobreseimiento del caso por falta de pruebas) o podría cerrar las pesquisas que se llevan haciendo y sobre las que en diversos escritos judiciales se apela a su ‘complejidad’, sin que esos escritos hayan arrojado hasta ahora datos concluyentes para situar al jubilado empresario ante el tribunal que le juzgue.
No sólo eso. Las defensas de Kokorev mantienen ante el juzgado de instrucción nº5 de Las Palmas la acusación a la policía canaria de haber manipulado pruebas durante la investigación solicitando el archivo definitivo de la causa por falta de hechos punibles. De acuerdo con José Antonio Choclán, magistrado en excedencia de la Audiencia Nacional, se ha acreditado pericialmente “que los soportes electrónicos de donde se habrían extraído las ‘evidencias’ que fundamentaron los Informes policiales presentados al Juzgado, han sido indebidamente manipulados por la policía, o, cuando menos, se han explorado sin adoptar ninguna cautela para la preservación de la prueba y destruyendo la misma a efectos procesales, entre otras irregularidades (…) desde que las defensas tuvieron acceso efectivo a los medios de prueba, se han presentado una serie de escritos poniendo de manifiesto algunas de las graves irregularidades de las que adolece esta instrucción (…) confirmadas en el curso de las declaraciones de los agentes de la UDYCO el 8 de mayo de 2018”, ante la jueza de Vega.
En una práctica que ya fuera denunciada por el ex fiscal general del Estado, José Manuel Maza, en sus últimos días, los abogados de quien ganase contratos con Obiang para la reparación, el mantenimiento y la compra de barcos se refieren a la “investigación prospectiva” como la que se está llevando a cabo “con la finalidad de poder asociar a Kokorev y su familia con alguna actividad ilícita que permita justificar la instrucción policial (…) cuyo fin último es perpetuarse en el tiempo y justificar su propia existencia”.
La esposa, pendiente de ser liberada de la causa
Mientras el fiscal apela a la necesidad de seguir profundizando y ampliando las investigaciones en busca de fondos de origen ilegal, más allá de los veinte millones de euros bajo sospecha inicial, la esposa de Kokorev, la también hispano-rusa Julia Maleeva podría salir de la causa en atención a la “ausencia de datos de carácter inculpatorio al haber estado ella siempre al margen de los negocios y la operativa de su marido”, señala su abogado Antonio José García Cabrera; que incide en que “ni policía ni fiscal ni juez han atribuido hechos concretos delictivos o capacidad de actuación autónoma o de ninguna otra índole a Julia”, de 65 años.
Así, jueza y fiscalía anticorrupción valoran, tras esclarecerse que no tenía ninguna funciones profesionales ni en la sociedad inicialmente investigada ni en otras compañías administradas por su marido, si archivan su caso.
El laberíntico caso ha llevado antes del verano a los agentes de la UDYCO al frente de la instrucción a responder por los presuntos delitos de “infidelidad en la custodia de documentos y falsedad en documento”, después de que Kokorev presentase un informe pericial en el que se acredita que en determinados documentos aportados a la causa “no hay garantías de autenticidad ni de integridad”.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos revisará si a lo largo del procedimiento se han vulnerado repetidas veces los derechos fundamentales tutelados por el Convenido Europeo de Derechos Humanos, incidiendo en la infrecuente medida cautelar para un ciudadano europeo de impedirle, en tiempo indeterminado y por cualquier medio, la salida de una isla, en este caso Gran Canaria.
Redacción Onda Guanche
