El caso ICO-La Mareta tendría que haberse cerrado antes del 6 de junio pasado. Ese día se vencía el plazo fijado para la instrucción. Pero la magistrada Virginia Peña, titular del Juzgado de Instrucción 2 de Telde, ordenó, ese mismo día y «con carácter excepcional», la prórroga de las diligencias otros 18 meses más.
El caso ICO-La Mareta sigue vivo. Por poco. Casi cuando estaba a punto de sonar la campana y se le acababa el plazo del que disponían para la investigación, la magistrada resolvió darle un respiro a la instrucción. Uno de los denunciantes, el partido Más por Telde, en la oposición, llegó a remitirle un escrito en el que se quejaba de la «continuada inactividad de la Fiscalía». Pero el Ministerio Fiscal reaccionó en positivo y apenas unos días después, el 24 de mayo, solicitó que se procediese a prorrogar excepcionalmente la instrucción para culminar la causa. Entre los imputados figuran la exalcaldesa Mari Carmen Castellano, el exedil de Urbanismo, Francisco López, y varios funcionarios de alto rango.
Estas diligencias corresponden a una compleja causa judicial que ha dado lugar a varias piezas separadas y que parten de una investigación matriz sobre supuestas irregularidades cometidas por el Ayuntamiento en el pago de ciertas facturas de proveedores con cargo a un préstamo que avaló el Instituto de Crédito Oficial en 2012. Entre esos abonos figuraba uno de 13 millones de euros al empresario Ambrosio Jiménez para comprarle una parcela de La Mareta que una de sus empresas adquirió al Consistorio en 2005 y que luego la Justicia obligó a recuperar. El montante de los supuestos pagos irregulares asciende a 24 millones.
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