La magistrada del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Las Palmas estima la alegación del Ayuntamiento de Telde sobre la imposibilidada material de ejecución de la sentencia firme del 28 de junio sobre la reposición del derecho de superficie de las parcelas P-1 y P -2 a Parque Comercial y de Ocio La Mareta, SL, adjudicataria de esa concesión.
La aceptación por la jueza del incidente presentado por la corporación municipal sastisface su solicitud para zanjar una polémica judicial que se inició en 2003, pero no por eso deja sin margen de maniobra a Julián Gómez del Castillo, representante legal de la empresa.
De hecho, en el auto, fechado ayer y que se puede recurrir, la magistrada expone que si bien estima la alegación del gobierno presidido por Carmen Hernández, considera a su vez que «el derecho de la parte ejecutante [Gómez del Castillo] no puede quedar vacío de contenido, procede la incoación de un nuevo incidente en el que, a instancias del ejecutante, habrá que fijarse la indemnización correspondiente por los daños y perjuicios que se hubieran causado como consecuencia de la inejecución de lo acordado». Así las cosas, el juzgado abre la vía al empresario para hacer una reclamación económica al Ayuntamiento, que Julián Gómez fijó en un recurso desestimado en julio de este año, aunque no firme, en 40 millones de euros por daños a su empresa.
Este último auto se suma a una larga lista de papeleo judicial iniciado hace 14 años entre ambas partes, el penúltimo fechado el pasado 17 de octubre. Precisamente ayer por la mañana Carmen Hernández había anunciado que el gobierno local había presentado la alegación para declarar inejecutable la sentencia y que confiaba en que fuera favorable a la corporación municipal.
La respuesta judicial se conoció el mismo día de sus declaracionestras la Junta de Gobierno Local y deja en el aire, aunque se puede recurrir, un asunto que consideraba se estaba en el camino de solucionarlo cuanto antes y que permitiría recuperar las dos parcelas en litigio, de gran valor económico.
Ahora, lejos de una solución, la magistrada forma pieza separada para la cuantificación de los daños y perjuicios al promotor.
LA PROVINCIA-DLP
