El Tribunal del Supremo ha admitido a trámite el recurso de casación presentado por la empresa que se encargaba de la limpieza y recogida de residuos en Telde, FCC Medioambiente, S.A., contra la sentencia de 6 de junio de 2022, dictada por la Sección Primera, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que desestimaba la reclamación de 1.363.694,60 euros al Consistorio teldense en concepto de revisión del coste del servicio.
Entre 2013 y 2018 la empresa formuló al Ayuntamiento de Telde revisiones de precios que, según argumenta, fueron informadas favorablemente por los técnicos municipales. En concreto, la cifra reclamada se corresponde a las solicitudes de octubre 2017, octubre 2018 y octubre de 2019 del pago de las diferencias resultantes entre el canon abonado por el Ayuntamiento y el que le correspondería pagar de haber aplicado las revisiones solicitadas según las previsiones de los pliegos.
Posible enriquecimiento injusto
Ahora, el Tribunal del Supremo determinará «si se genera enriquecimiento injusto de la Administración por su negativa a pagar a la adjudicataria del contrato las cantidades derivadas de la revisión de precios, cuando el contrato se ha declarado inválido judicialmente, y se obliga a la empresa a prorrogar hasta que la nueva adjudicataria le sustituya».
Este es el argumento que esgrime FCC Medioambiente en su reclamación monetaria, al considerar que la Administración se estaría beneficiando al no reconocer el derecho a la revisión de precios cuando el contrato fue declarado nulo. La compañía argumenta que se estaría generando un enriquecimiento injusto a favor de la Administración al no pagar las cantidades derivadas de las revisiones de precios solicitadas, a pesar de la invalidez sobrevenida del contrato.
Sentencia acatada
Y es que el Ayuntamiento de Telde formalizó el cambio de adjudicataria en julio de 2019 cumpliendo una sentencia de 2014 que le obligaba a devolver el servicio a la anterior adjudicataria, la UTE formada por Sufi y Santana Cazorla, que denunció en 2009 a la institución local por retirarle el contrato un mes después de habérselo adjudicado al haber presentado la oferta económica más ventajosa.
Esta medida fue adoptada por la decisión del Consistorio de prohibir a Santana Cazorla poder ser contratada por el Ayuntamiento durante cinco años por «graves incumplimientos» en la ejecución de las obras de urbanización de Arauz, una medida que fue respaldada entonces por informes técnicos y jurídicos.
Sin embargo, la sentencia obligaba a devolver el contrato del servicio de limpieza y recogida de residuos a la UTE por un periodo de 15 años, con un coste de 7.425.167,93 euros. La empresa debía comprar la maquinaria que pasaría a ser propiedad municipal.
La Provincia-Dlp (Esther Medina Álvarez / Benyara Machinea)
