Arranca 2019 con un caso enquistado en la justicia canaria que terminará con el Estado español sentado ante los tribunales europeos por vulneración de derechos fundamentales. En los próximos días, la Audiencia Provincial de Las Palmas decidirá si sigue adelante en la investigación del ‘caso Kokorev’, que empezó siendo hace catorce años la instrucción contra el supuesto testaferro de Teodoro Obiang en la capital grancanaria, Vladimir Kokorev. El empresario hispano-ruso, ya jubilado, residente forzoso en ‘Las Canteras’ (se le impide cautelarmente salir de la isla, al igual que a su esposa e hijo), sigue enfermo del corazón y perseguido por blanqueo supuesto de veinte millones de euros, en sus negocios con Guinea Ecuatorial.
Sin embargo, el que esta instrucción vaya camino de batir un récord no tiene que ver con las pesquisas iniciales, ya que Kokorev acreditó sus ganancias legales ante los tribunales mediante contratos y facturas. Década y media después, y en un caso archivado en Madrid en dos ocasiones, la jueza Ana Isabel de Vega analiza el conjunto de la trayectoria empresarial del empresario, más allá de sus relaciones con la ex colonia española, lo que sus abogados denuncian por constituir una “investigación prospectiva en toda regla”, prohibida por ley.
Ahora, en la Audiencia Provincial de Las Palmas, la decisión sobre lo que los letrados de la defensa denominan “investigación infinita” corresponde a Emilio Moya, que llegó a ser viceconsejero de Justicia del Gobierno de Canarias; que ha reconocido que la Justicia canaria ha estado desacreditada “de forma puntual”; y que ha declarado, en relación a casos de corrupción como el Faycán, que en Canarias se han celebrado juicios “más de una década después de haberse iniciado la instrucción de la causa” y que “la lentitud de la Justicia indigna a la ciudadanía y, también, a los propios procesados”.
La AP deberá validar o rechazar nuevas comisiones rogatorias que están recurridas a países como Dinamarca, en los que se busca ‘material’ contra el entorno de Kokorev, ya que el empresario no tuvo nunca negocios en ese país. El fiscal anticorrupción, Luis del Río, ha rechazado cerrar aún las diligencias y pone ahora el foco en las operaciones ajenas a la Tesorería General de Guinea Ecuatorial.
El empresario, con las cuentas bloqueadas y los bienes provisionalmente embargados, ya obtuvo el mes pasado su primer permiso para salir de Canarias y someterse a una revisión médica en Madrid, se encuentra bajo observación médica permanente dado su estado de salud (agravado por el paso durante dos años y medios por la prisión de Juan Grande) y prepara una denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para reclamar no sólo el daño moral producido año tras año, sino el económico, representado en el bloqueo de todos los bienes familiares.
Riesgo de que al juicio lleguen ‘pruebas ilícitas’
La gravedad de los hechos recae hoy en que la jueza ha recurrido a información que ya se ha verificado en sede judicial como manipulada: son archivos contenidos en diversos dispositivos informáticos incautados a Kokorev (en sus domicilios de Madrid y Las Palmas) que la propia UDYCO canaria (denunciada por sus procedimientos irregulares para investigar en el Parlamento Europeo hace ya más de un año) reconoció ante la jueza haber manipulado: creando ficheros, borrando otros y alterando terceros.
Ninguna de las irregularidades del proceso ha sido hasta hoy censurada por la jueza, dando “vía libre” a la UDYCO para realizar una instrucción sin control, con secreto de sumario de casi cuatro años. Hasta hoy, De Vega ha solicitado decenas de comisiones rogatorias por todo el mundo copiando y pegando oficios policiales en sus autos, sin verificar el fondo de los datos. En los últimos meses se han aportado varios informes periciales que descubren la existencia de vicios en el volcado de los archivos informáticos obtenidos en las entradas y registros a domicilios, lo que provoca la problemática acumulación de “pruebas ilícitas”
Esta investigación, que alcanza un récord inaudito por su extensión en el tiempo, llega en un momento en que para mejorar las garantías en la lucha contra la corrupción económica se plantean en el debate público los ‘plazos máximos’: si bien la reforma penal de 2015 estableció un máximo de 18 meses de investigación para los asuntos complejos, la imposición de estos límites temporales no ha solucionado el problema de las ‘dilaciones indebidas’.
Redacción ONDA GUANCHE
