El Consejo Insular de Aguas (CIA) ultima la aprobación de un precio público este martes inexistente por el tratamiento del caudal que entra en la depuradora de aguas residuales de Jinámar procedente de cuatro municipios. La deuda acumulada por sus ayuntamientos desde el año 2010 asciende a 2,5 millones de euros y aumenta cada día.
Poner punto y final a la fuga continua de fondos que le supone el mantenimiento y empezar a cobrárselo a los remitentes de las aguas residuales, los ayuntamientos de Las Palmas de Gran Canaria, Telde, Santa Brígida y Valsequillo. es el objetivo del expediente que ultima el CIA para aprobar un precio público por el tratamiento del caudal que entra en la estación depuradora de Jinámar.
Gestionada desde su apertura en 2008 por el Consejo, la de Jinámar es la única depuradora supramunicipal de la Isla en la que sus usuarios no abonan una tasa por el tratamiento de las aguas residuales, 5.000 metros cúbicos al día. Así sucede desde 2010 tras surgir diferencias sobre esa responsabilidad entre los ayuntamientos y sus concesionarias del servicio público de agua. La deuda va por 2,5 millones de euros y aumenta cada día.
Para cortar esa hemorragia y dejar de asumir un gasto que no le corresponde, el CIA ultima los estudios que determinarán la tarifa del servicio y pretende elevar al próximo pleno del Cabildo la aprobación del precio público por el agua tratada. La estimación inicial es que estará sobre los 0,58 euros por metro cúbico, aproximadamente.
El anterior precio fue anulado en 2013 por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias por un error de procedimiento, debió aprobarlo la corporación insular y no su organismo autónomo, sin que el Cabildo haya puesto remedio desde entonces.
La denuncia había sido presentada por una de las dos concesionarias del servicio público de agua afectadas, Emalsa, que lo es en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Brígida. La otra es la empresa mixta, Aguas de Telde, adjudicataria en ese municipio y en Valsequillo.
Proporcional
Al mismo tiempo que tramita la aprobación del precio público, el CIA está negociando con los ayuntamientos un convenio para la gestión de la depuradora de Jinámar que establezca un calendario de pagos para liquidar la deuda acumulada y que sigue creciendo a diario porque las arcas del Consejo Insular sí que abonan en plazo el servicio prestado a la adjudicataria, la empresa Degremont del Grupo Suez.
Los costes del tratamiento del agua no serían iguales para los cuatro ayuntamientos, sino proporcionales al caudal que envían a la estación y que al salir de ella son expulsados al mar a través del actual emisario submarino de Jinámar.
Así, de los 5.000 metros cúbicos que entrarían a diario en la planta, el 45% viene desde la capital, un 35% procede del municipio de Telde y un 10% en cada caso llega desde las redes de alcantarillado de Valsequillo y de Santa Brígida.
El Cabildo, cuyos gobiernos coinciden desde el origen de la deuda con el de los consistorios de la capital y Telde, espera no tener que acudir a los tribunales para recuperar el dinero.
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