Se veía venir y este miércoles la alcaldesa lo confirmó tras acabar la Junta de Gobierno Local. El proceso de mediación que propuso la titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Las Palmas para resolver parte del caso de La Mareta «se ha cerrado sin éxito». La magistrada tendrá la última palabra.
Carmen Hernández leyó un texto para evitar salirse del guion de lo que puede o no decirse.Explicó que este tipo de procedimientos exigen confidencialidad a las partes hasta que no se pronuncie la jueza, pero ayer dio un avance sobre el resultado dada la trascendencia del expediente urbanístico y judicial, que viene de 2003. Dijo que la mediación entre el Ayuntamiento de Telde y la empresa adjudicataria de dos parcelas de La Mareta, la P-1 y la P-2, donde están previstos un centro comercial, un hotel y una residencia de ancianos, no llegó a buen puerto y que hasta que no haya un pronunciamiento judicial definitivo, el Consistorio entiende que la otra parte no tiene derecho a cantidad indemnizatoria alguna.
«Las posiciones entre ambas partes han estado absolutamente alejadas y no ha habido posibilidad de entendimiento», apuntó. «El Ayuntamiento ha considerado que la propuesta de la empresa era una propuesta inasumible por esta administración y que impedía cualquier posibilidad de acuerdo». Pero fue un poco más allá. «Sin perjuicio de lo que resuelva finalmente el juzgado, cuya sentencia, sea cual sea, el Ayuntamiento acatará y cumplirá, la información jurídica que obra en poder del Ayuntamiento concluye que Parque Comercial y de Ocio La Mareta no tiene derecho a las cantidades que reclama, por lo que entendemos que hasta que no exista un pronunciamiento judicial, no existirá fundamento legal para abonar ningún tipo de cantidad indemnizatoria». La empresa pide 90 millones, aunque al gobierno solo le consta que haya solicitado 42 en los juzgados.
Ahora, dijo, están a la espera del acta y, finalmente, de la decisión de la magistrada Olimpia del Rosario Palenzuela, que será la que deberá decidir quién tiene la razón. El gobierno local entiende que sí ha hecho todo lo posible por cumplir la sentencia que dio la razón a la empresa y por poner esos solares a su disposición, y que ha sido la entidad la que se ha negado a recepcionar los terrenos.
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