A priori se aventuraba un pleno tenso. La sesión debía pronunciarse sobre el contrato de la Mareta, uno de los expedientes urbanísticos más complejos y con más deriva judicial de los que Telde tiene en juego. El gobierno propuso iniciar los trámites para rescindir la adjudicación y apenas tuvo oposición. Lo sacó adelante con 19 de 27 votos posibles.
Hasta el PSOE, exsocio del gobierno que en una ejecutiva del partido, la noche anterior, se había decantado por una abstención, varió su posición en la propia sesión y dio su voto a favor. Al final, el ejecutivo de NC, CC y CCD (10 concejales) recibió el apoyo de los 4 ediles socialistas, de los 4 de Unidos y del concejal presente de los no adscritos (vinculados a Podemos) para aprobar la incoación del expediente para la rescisión del contrato de los derechos de superficie sobre las parcelas P-1 y P-2 de La Mareta, adjudicado en 2003 a la entidad Parque Comercial y de Ocio La Mareta.
El gobierno que preside Carmen Hernández recordó que si da este paso es porque, según el criterio municipal y, tras una larga batalla judicial, las parcelas ya han sido puestas a disposición del adjudicatario, sin que éste haya abonado aún el primer plazo del canon. Con todo, la decisión de ayer no es definitiva.
Queda un largo proceso administrativo que podrá dilatarse 5 o 6 meses. Tendrá que dársele audiencia a la empresa, de la que es titular Julián Gómez del Castillo, y remitir el expediente al Consejo Consultivo para que emita un informe sobre cuál debe ser la resolución. Según Hernández, si a lo lago de este proceso, el empresario abona el canon, se paraliza el expediente y el contrato cobra vigor.
Más por Telde no se pronunció porque no acudió a la sesión. Ya lo había anunciado el 7 de marzo tras recordar que es parte acusadora en un procedimiento penal respecto a este expediente y por ley no debe participar en deliberaciones ni votaciones que tengan alguna relación.
Por su parte, la portavoz del PP, Sonsoles Martín, que fue el único miembro de la oposición que ayer intervino en el Pleno, despejó dudas, primero, sobre la apuesta de su partido por la recuperación de La Mareta, pero justificó la abstención al entender que el órgano competente para la decisión de ayer no era el Pleno, sino la Junta de Gobierno. La alcaldesa le rebatió con el informe jurídico y le recordó que fue un auto judicial en 2014 el que situó la competencia en el Pleno.
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