La alcaldesa de Telde, Carmen Hernández, considera que el plan de pago para las sentencias firmes por expropiaciones seguirá su camino sin sobresaltos y con el plácet de los tribunales. La presidenta de la corporación municipal muestra su satisfacción por convencer al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que el grupo de gobierno es de fiar y puede cumplir sus compromisos adquiridos en el plazo fijado de ocho años para liquidar una deuda que ahora mismo asciende a 28.202.730,91 euros, una cantidad que se prevé saldar en 2023 con los afectados.
De hecho, Hernández declaró que incluso a los demandantes que no están de acuerdo con el plan elaborado por el grupo de gobierno, «por el que el TSJC nos ha felicitado», se les pagará las cantidades que deben recibir por las sentencias firmes. Según la regidora, «como no sabíamos a qué atenernos, consultamos esta cuestión y nos han dicho que se incluya también a los que no están de acuerdo para evitar luego el pago de más intereses y eso es lo que haremos». Así las cosas y por lo expresado por la alcaldesa, la familia Del Río, que reclama 24 millones de euros, cobrará lo fijado en lo que la oposición solo considera una propuesta razonada de pago. Luego se acometerá las cantidades exigidas una vez que sean también definitivas.
Deudas resueltas este año
Los 21 expedientes que se incluyen en el plan de pago comprenden el periodo entre 1996 y 2013, todos con sentencia firme, aunque algunos expropiados cobrarán todo lo que se les debe este año. Cada anualidad consta de algo más de cuatro millones de euros en los presupuestos municipales, según se acordó por unanimidad en la Junta de Gobierno Local celebrada el 18 de abril de este año.
Son cuatro los que verán por fin en sus cuentas el dinero adeudado por la corporación municipal. Salvo los 1,5 millones de un expropiado, las otras tres cantidades son bastante asequibles para las arcas municipales, ya que sus cantidades oscilan entre los 2.866 euros a los 73.725 euros. En el acuerdo unánime del grupo de gobierno del 18 de abril se expuso que se abonaría el primer año aquellas sentencias de cuantía inferior a 100.000 euros, donde entrarían tres de esas cuatro citadas.
Los otros criterios a seguir será el de la antigüedad de la sentencia judicial firme y el de la proporcionalidad respecto del montante principal. Es decir, a los afectados a quienes se les pague la deuda principal se les abonará los intereses una vez se liquiden también en esos ocho años a los demás. En opinión de la alcaldesa, no parece apropiado retrasar el pago a quienes no hayan cobrado nada. De hecho, tres son los expedientes de afectados a los que se les adeuda los intereses y que no cobrarán todo hasta el año 2023. Corresponden a tres expropiados con sentencias firmes condenatorias de los años 2007 a 2009 y con un montante global de 1,9 millones.
Carmen Hernández considera que el visto bueno del TSJC es un aval para que las administraciones y empresas confíen en Telde y el Ayuntamiento recupere su crédito, prestigio que quiere apuntalar también con el pago a proveedores con un montante de 10 millones de euros -es la cantidad que se maneja en estos momentos-. Para lograrlo, espera a la apertura del portal del Estado para acogerse a subvenciones sin «que suponga recortes para los servicios públicos, ya que esgrimiremos las nuevas incorporaciones al IBI por la revisión del padfrón catastral, que nos proporcionará mas ingresos».
La Provincia-Dlp
