Faltan expedientes en Urbanismo. El gobierno actual encargó un inventario y ha contabilizado 39. Los hay de expropiaciones, de disciplina urbanística, de planeamiento o de licencias. Y lo primero que hará este ejecutivo será ponerlo en conocimiento de la Fiscalía «a los efectos oportunos».
Entre los que no aparecen los hay que están afectados por procesos judiciales, como el de la polémica segregación de la parcela P-1 en La Mareta que compró en 2005 el empresario Ambrosio Jiménez, otro de disciplina urbanística sobre la cancha de La Higuera Canaria en cuya construcción se mató un obrero, o los de licencias a los Mercadona de Salinetas y de Punto Fielato. No darán nombres a la Fiscalía, pero el informe que sustenta la decisión circunscribe el extravío al periodo que va de 2013 para atrás.
El acuerdo fue aprobado ayer por vía de urgencia en la Junta de Gobierno Local. Se llevó a la sesión a propuesta del edil de Urbanismo, Juan Francisco Artiles, y el órgano colegiado lo asumió como propio. Lo que se hizo fue tomar conocimiento del listado de expedientes desaparecidos, dar el visto bueno a su traslado al Ministerio Público y ordenar al jefe de servicio de Urbanismo que ejecute el mandato.
Tanto la alcaldesa, Carmen Hernández, como Artiles subrayaron que si han tomado este camino es «por responsabilidad y por dar cumplimiento a lo que obliga la ley». Ambos insistieron en que «no se pretende ir contra nadie», aunque Hernández no pudo evitar preguntarse «por qué el gobierno anterior» no lo denunció antes. «No podemos mirar para otro lado, ni podemos ignorar la realidad», dijo.
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