El fiscal jefe de Las Palmas, Guillermo García-Panasco, ha dictado un decreto, remitido mediante oficio a Más por Telde el pasado 21 de julio de 2017, en el que manda remitir a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural el atestado del Seprona por contaminación en el campo de tiro de Lomo Pollo.
Más por Telde denunció ante la Fiscalía Provincial de Las Palmas posibles indicios de contaminación medioambiental por los gestores de esa infraestructura deportiva. Les reprochaba, entre otras cosas, la existencia de miles de minúsculos perdigones de plomo esparcidos por el suelo, dentro y fuera del recinto, y también de montañas de restos de platos hechos de brea, que es un derivado del petróleo considerado «altamente tóxico». Cuatro meses después, en julio de 2017, el fiscal jefe responde y afirma en un decreto que, a la vista de la documentación recibida y de las diligencias de investigación acordadas (en alusión a un «detallado atestado del Seprona), «se puede llegar a la conclusión de que los hechos denunciados revisten ilicitud administrativa». De ahí que el fiscal entienda que lo que procede es remitir la denuncia a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) por si entendieran que «los hechos son susceptibles de incardinarse en las infracciones administrativas descritas en los artículos 17 y 18 de la Ley 22/2001 de 28 de julio de residuos y suelos contaminados en relación con el artículo 46.2 apartado b».
Esos dos artículos a los que hace mención el fiscal tienen que ver con las obligaciones que fija la normativa en España para los productores de residuos y que, en virtud de la denuncia, podrían haber sido incumplidos. Y dice también Panasco, cuando alude al artículo 46 de esa misma ley, que los denunciados podrían haber incurrido en la comisión de una infracción tipificada como muy grave, en concreto, porque ha podido suponer un peligro grave o un daño a la salud de las personas, o se ha producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente. Es una cita textual de la propia norma.
En este caso, será la Apmun, dependiente del Gobierno canario, la que deberá dirimir si cabe aplicarles esos artículos y si, por tanto, procede la imposición de una multa.
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