Los jueces les han dado la razón y ahora el Ayuntamiento tendrá que pagarles una cuantiosa indemnización por unas sanciones improcedentes, pero denuncian que el Consistorio les torea: «Quieren pillarnos, nos piden documentación prescrita y apenas nos dan tiempo para presentarla».
Han sido siete infernales años de guerra, con denuncias y juicios que se han saldado en unas pérdidas irreparables, de dinero primero y de tiempo después, para los taxistas afectados por la decisión del Ayuntamiento de Telde, que influido por el antiguo presidente de la mayor cooperativa de taxis de la ciudad, Sebastián Alonso, decidió en 2012 aplicar una medida correctora a la normativa que regulaba la prestación del servicio de taxi precontratado en Gando. La misma impedía a las licencias del municipio ofrecer este tipo de servicios en el aeropuerto, obligándoles a compartir sus clientes con el resto de los taxis que estuviesen en dicha parada.
Una decisión que no tiene razón de ser según la justicia y que distintos tribunales, por último el TSJC, han afeado. Aunque fueron más de 20 los transportistas afectados, nueve de ellos decidieron luchar y han llegado hasta aquí -menos el tristemente fallecido Emilio Monzón- tras haber ganado todas las batallas legales contra la Administración. Pero este vía crucis no ha terminado. Ahora denuncian que el Ayuntamiento les intenta aburrir pidiendo una ingente cantidad de documentación, parte de la misma obsoleta, como requisito para abonarles la indemnización, y creen que lo hace como medida desesperada para no pagar.
«Hemos ganado cada uno de los procesos judiciales, pero nos siguen llegando cartas a casa en la que se nos reclama una documentación prescrita y solo nos dan 10 días para presentarla», relata Pedro Lozano, uno de los conductores afectados. Eso fue lo que hicieron ayer cuatro de los ocho taxistas que aún se encuentran inmersos en esta batalla por reclamar lo que les pertenece. A las 10.00 horas estaban en la oficina de registro para entregar unos 80 folios cada uno. En este ocasión, las declaraciones de Hacienda y los módulos 131 de 2014 a 2019. También depositaron un justificante de la solicitud que realizaron a la Agencia Tributaria porque dicha documentación correspondiente al intervalo entre 2010 y 2012 -que también se les solicita- está prescrita y no se encuentra digitalizada.
Hasta el patrimonio
«En Hacienda no entienden que pidamos estos papeles, y aunque le enseñamos las cartas del Ayuntamiento nos dicen que no corresponde a ninguna orden judicial. Al final es patrimonio nuestro que no tenemos por qué mostrar, y menos sin que lo dicte un juez, pero nosotros le seguiremos el juego para ver hasta dónde quieren llegar», comenta Monzón. Eso sí, reconoce que están desesperados e indignados porque todo este proceso les obliga a tener el taxi parado, perjudicándoles aún más después de las pérdidas que ya han tenido que afrontar. «Además, el problema es que todo esto lo paga el pueblo. Hay que tener en cuenta de que aparte de la indemnización -reclaman seis servicios por día el tiempo en el que estuvieron arrestados, que fue de tres meses a un año y medio-, el Ayuntamiento tiene que pagar las costas de los juicios, ya que han perdido todos», puntualiza Juan Antonio Vega, otro de los taxistas sancionados. Siempre han estado convencidos de que tienen la razón y los tribunales lo ha confirmado. Creen que la persecución continúa y que el Ayuntamiento actúa de mala fe con todas esas solicitudes, pero seguirán yendo a la oficina de registro a entregar lo que se les pida puntualmente. No se darán por vencidos.
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