En un contexto de crisis económica, cualquier esfuerzo dirigido a lograr un sistema educativo de calidad siempre será poco y siempre quedarán muchas cosas por realizar. Esto es lo que ha tratado de conseguir el Gobierno de España en los últimos años, donde se ha emprendido una reforma educativa necesaria para afrontar los retos en educación, el abandono escolar tempano, así como el rendimiento en competencias y la mejora de la empleabilidad de nuestros jóvenes.
Con la puesta en marcha de la nueva Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa –LOMCE-, se mejora la educación obligatoria y gratuita hasta los 16 años, reformando su estructura para reducir el abandono educativo temprano y elevar la formación de los alumnos. Por otra parte, la organización de la misma es más flexible y ofrece vías formativas de acuerdo con los intereses, motivaciones y progresos de los alumnos.
Se ha optado por continuar con un bachillerato de dos cursos y se ha diseñado un cuarto curso de la ESO con dos vías diferenciadas orientadas a la vida académica o a la vida profesional.
En lo que respecta al profesorado, se ha estado trabajando en un Estatuto del Docente que contemple la selección y formación del docente, así como su carrera profesional, con una apuesta decidida por un nuevo modelo de selección y formación de carácter estatal para el acceso a la profesión docente.
Conjuntamente con las comunidades autónomas, sindicatos y expertos, el Ministerio ha tratado de elaborar un libro blanco de la Función Docente no universitario, a fin de asegurar que ninguna regulación futura pueda romper el consenso que se alcance sobre los ejes estructurales de lo que debe ser el trabajo del profesorado. El Libro Blanco abarcará la definición de las competencias docentes, el acceso a la función docente, la formación del profesorado y el reconocimiento social de su función, entre otras cuestiones. Todo un objetivo prioritario en Educación, para dignificar la figura del docente.
La nueva Ley ha reconocido como autoridad pública al profesorado y a los equipos directivos de los centros, acometiéndose además las propuestas que se refieren a reforzar la libertad de elección de centro por parte de las familias, a hacer efectivo el derecho del estudiantado a aprender en español y en el resto de lenguas cooficiales, a la enseñanzas de idiomas, a implantar evaluaciones censales, y a garantizar que todo el alumnado, con independencia del lugar en que residan, tenga una formación común con un currículo básico, al menos en las materias troncales, y, por último, al impulso a la autonomía de los centros educativos públicos, a centros de especialización curricular, a la apuesta por las nuevas tecnologías y la implantación con éxito una de la nueva modalidad de formación profesional de carácter dual.
Pero todavía queda mucho por hacer, y para ello es fundamental seguir apostando por políticas sociales en materia educativa, unas políticas de compensación económica a través de las becas generales y al estudio, al transporte y a la adquisición de material escolar y libros de texto.
En conclusión, estamos hablando de numerosas reformas basadas en evidencias y recomendaciones de la OCDE, teniendo como objetivo el aumento de la competitividad de nuestros jóvenes y garantizando una educación pública de calidad que tienda a la excelencia y asegure un futuro a los jóvenes. Una Educación en serio para una España en serio.
Antonio Hernández Lobo es profesor de enseñanza secundaria y candidato del Partido Popular al Congreso de los Diputados por la provincia de Las Palmas
