El Gobierno anuncia la quita de 83.000 millones de deuda como si fuera magia: dinero que desaparece, cuentas que se aligeran y sonrisas en Cataluña. ¿Solidaridad territorial o simple pago de la factura que ERC presentó en la investidura de Sánchez?
El Gobierno de España ha aprobado un proyecto de ley para la condonación de unos 83.000 millones de euros de deuda autonómica. Una cifra astronómica, inédita, que de entrada se presenta como un alivio financiero para las comunidades más endeudadas. Sin embargo, hay un detalle imposible de pasar por alto: la única autonomía que exigió esta quita fue Cataluña. Y es justo ahí donde empieza la sospecha.
¿Estamos ante una medida de Estado, destinada a garantizar la sostenibilidad financiera de todas las regiones, o más bien ante una cesión política cuidadosamente diseñada para contentar al independentismo catalán?
La duda no es menor. La iniciativa se enmarca dentro del acuerdo entre PSOE y ERC, aquel que abrió la puerta a la investidura de Pedro Sánchez y, más tarde, a la presidencia de la Generalitat en manos de Salvador Illa. Para algunos, este no es un gesto generoso, sino un traje a medida pactado con ERC; para otros, una estrategia para ganar tiempo en una legislatura que camina sobre arenas movedizas.
El impacto técnico de la medida es indudable: las comunidades con déficits estructurales o sobreendeudamiento crónico ven un balón de oxígeno en sus cuentas. Pero el trasfondo político lo tiñe todo: ¿alivio real para las regiones o simple refuerzo del independentismo en Cataluña?
Más aún: si el objetivo fuera mutualizar la deuda, ¿por qué no se acompaña esta decisión de una reforma profunda del modelo de financiación, como reclama Andalucía, que garantice equidad entre territorios? Sin un rediseño estructural, lo que queda es un parche -costoso y discutible- que parece más retórica política que estrategia de Estado.
Y persiste la pregunta incómoda: ¿qué pasa con esos 83.000 millones de euros? ¿Se esfuman? ¿Los absorbe el gobierno central? Si es así, ¿los pagamos entre todos? Entonces, parece evidente que los beneficiados será los catalanes que pagarán menos y los perjudicados los canarios que pagarán más. Porque si simplemente desaparecen, cosa impensable, la conclusión es sencilla: España será 83.000 millones más pobre.
En definitiva, lo que el Ejecutivo presenta como una medida histórica de justicia territorial puede ser leído como un peaje político para mantenerse en el poder. La clave estará en lo que ocurra después: si esta quita se convierte en el primer paso de una verdadera reforma de la financiación autonómica, quizá pueda defenderse como medida de Estado. Pero si se queda en un gesto calculado para sostener un Gobierno en precario, estaremos ante la constatación de que la deuda que más pesa no es la económica, sino la política.
Luis Seco de Lucena
