La Fiscalía de Medio Ambiente ha decretado el archivo de las diligencias abiertas tras la denuncia presentada por el ecologista Honorio Galindo Roca, por la acumulación y el enterramiento de material peligroso en Costa Botija (Gáldar), en concreto residuos de uralita con contenido de amianto. La resolución, recibida por correo electrónico junto al oficio correspondiente, pone fin a las actuaciones en la vía penal sin incluir siquiera una recomendación para que el caso continúe por la vía administrativa.
La decisión ha causado preocupación por el mensaje que puede trasladar ante este tipo de prácticas, especialmente en un contexto en el que todavía se producen vertidos incontrolados de restos de obras, fragmentos de uralita y otros residuos en espacios naturales o terrenos no habilitados para ello. El archivo de la denuncia puede interpretarse como una falta de respuesta contundente frente a conductas que suponen un riesgo para la salud pública y para el medio ambiente.
Pese al cierre de las diligencias por parte de la Fiscalía, todavía queda abierta la expectativa de que la Administración actúe con firmeza. La vía administrativa se presenta ahora como la principal herramienta para evitar que este asunto quede sin consecuencias y para garantizar que se adopten medidas efectivas ante la presencia de materiales potencialmente peligrosos.
Entre esas medidas, se reclama como mínimo la retirada de todo el material depositado y enterrado en la zona afectada. Según se advierte, parte de esos residuos llevan tanto tiempo ocultos bajo tierra que su localización requerirá incluso herramientas de sondeo y trabajos técnicos específicos para determinar con precisión su emplazamiento.
Además de la retirada de los restos, se considera necesario que el expediente administrativo concluya con una sanción ejemplarizante. El objetivo sería frenar este tipo de comportamientos y lanzar un mensaje claro contra quienes actúan con irresponsabilidad hacia el territorio, los recursos naturales y la salud de la población.
A pesar del archivo en la vía penal, persiste la esperanza de que el caso no quede en el olvido y de que finalmente se actúe con responsabilidad y rigor en defensa del medio natural. La resolución administrativa, si llega a ser contundente, podría convertirse en el verdadero instrumento para restaurar la zona afectada y reafirmar la obligación de proteger el entorno frente a prácticas incívicas y peligrosas.
