Turcón Ecologistas en Acción informa en un comunicado remitido a la redacción de ONDA GUANCHE que ha puesto en conocimiento de la sección de Medio Ambiente de la Fiscalía Provincial de Las Palmas la comisión de un presunto delito reiterado de desobediencia, así como de «otros a determinar», por parte de la empresa Pavicasa 9 en el barranco de La Gallina, en el sector de Jinámar.
Según denuncia públicamente este colectivo ecologista con sede en Telde a través de una nota de prensa, Pavicasa 9 «viene desarrollando su actividad aproximadamente, desde 1976 en que empezó a operar sin contar con ningún título habilitante, ni licencia municipal, como consta en el expediente abierto en el Ayuntamiento de Telde (Disciplina 257/00). Ya desde esos primeros años elimina sus residuos en la parcela en la que se ubica y ocupando cada vez más suelo, espacio por la fórmula de depositar y allanar. Como quiera que esta parte del suelo en que acumula, deposita residuos, está determinado como p.a. (suelo de protección agraria), por el actual plan general que no contempla este tipo de actuaciones».
Recuerda además Turcón que «como quiera que esta actividad mantiene en el tiempo ir ampliándose con sus residuos y apilación de desechos de la actividad depositándolos en la parcela anexa a la infraestructura, nos motivó a interesarnos por el expediente que debiera de disponer el M.I. Ayuntamiento de Telde, por lo que se lo solicitamos al amparo que nos da el derecho a los colectivos ambientalistas, Ley 27/2006 de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE)». «Y obtenida la información –añade– por ser un expediente pobre, incompleto, al no reflejar la realidad actual, (deploramos que la administración municipal, aparentemente dejó de actuar y exigir para corregir lo que denunciamos), procedimos por el mismo sistema a solicitarlo a la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN) al tener conocimiento este colectivo que el SEPRONA, había denunciado la presunta ilegalidad, años atrás. Al final la información la cedió la Agencia con reticencia, por tener que solicitar amparo del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 4 y obligar a la entrega del expediente a este colectivo, expediente IM 167/2000 (2985/2000)».
En ella, prosigue Turcón, «se refleja las múltiples infracciones cometidas por la impresa denunciada y el procedimiento seguido. En el mismo se refleja el incumplimiento de las determinaciones de la administración y continuar reiteradamente».
Así las cosas, el colectivo insta al Ministerio Público a investigar a Pavicasa 9 y, en caso de deducir la existencia de presuntos delitos, a que proceda a adoptar las medidas oportunas «para recuperar de una vez por todas la realidad jurídica alterada, el bien natural en todos sus ámbitos transformados, como de tenerse en cuenta que a lo largo de los años los propietarios de ésta industria han desoído, se han negado y continúan vulnerando la legislación a la que están obligados a cumplir», sentencian desde Turcón.
