En su entrevista en «El Pulso» (Onda Guanche), el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, defendió con contundencia la nueva ley de vivienda vacacional, que calificó como una norma “valiente, necesaria y justa”, destinada a ordenar un sector que, según afirmó, llevaba años sumido en un “desorden insostenible”.
Clavijo responsabilizó al anterior Ejecutivo regional de haber “mirado para otro lado” y permitir que la situación llegara a límites que ahora impactan directamente en el acceso a la vivienda. Según el presidente, ese vacío normativo ha disparado los precios de alquiler y compra, afectando especialmente a las familias canarias. Frente a ello, sostuvo que su gobierno ha decidido “actuar y no resistir”:
“Eso es gobernar. Lo otro es resistir, estar en el cargo por estar”.
Durante la entrevista, el presentador Juan Santana trasladó a Clavijo la preocupación expresada en ese mismo programa por la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, quien advirtió de que la mayoría de los propietarios de alquiler vacacional en su municipio son familias trabajadoras que dependen de un piso para complementar ingresos, y pidió garantías de que no serán castigadas frente a los grandes tenedores.
Clavijo respondió de forma directa y garantista:
“Los pequeños tenedores no tienen por qué temer. Van a poder continuar su actividad.”
Para sustentar esa afirmación, expuso datos del propio Gobierno autonómico, según los cuales:
- Más de un tercio de las viviendas vacacionales en Canarias está en manos de inversores extranjeros.
- Otro bloque importante pertenece a sociedades y grandes tenedores.
- Solo entre el 26% y el 28% corresponde a pequeños propietarios con entre una y tres viviendas.
Es a estos últimos —dijo— a quienes la ley quiere proteger, democratizando el sector turístico y evitando que sea un espacio dominado exclusivamente por cadenas hoteleras o grandes inversiones especulativas.
“La voluntad es democratizar el sector turístico: que también una familia que compró un piso pueda beneficiarse. Pero ordenado y regulado”.
Clavijo puntualizó que no todo puede ampararse bajo la etiqueta de “pequeño propietario”. Señaló dos situaciones que sí quedarán excluidas por razones legales y éticas:
- Viviendas de protección oficial (pagadas con dinero público) no podrán destinarse al alquiler vacacional.
- Inmuebles sin cédula de habitabilidad, como “chamizos” o casas sin condiciones mínimas, tampoco podrán seguir ejerciendo actividad económica turística.
“Generalizar a partir de casos aislados es complicado. Hay cosas que no pueden convertirse en actividad económica bajo ningún concepto”.
Los ayuntamientos no estarán solos
Ante la queja generalizada de los municipios —sin personal técnico ni recursos para aplicar la ley—, el presidente anunció que el Gobierno de Canarias pondrá a su disposición ayudas, guías técnicas y refuerzo administrativo, especialmente para municipios pequeños con dos o tres funcionarios en sus oficinas urbanísticas.
Clavijo citó un programa ya en marcha, destinado a planes generales y ordenación territorial, con más de 15 millones de euros para reforzar a los ayuntamientos. Aseguró que los cabildos y el propio Gobierno regional asumirán tareas que los municipios no puedan gestionar solos.
Fernando Clavijo defendió que la ley no pretende acabar con la vivienda vacacional, sino ordenarla para que deje de ser una amenaza para quienes buscan vivir en Canarias, equilibrando el mercado y garantizando que la actividad económica turística siga existiendo, pero bajo reglas claras y pensando en el conjunto de la población.