Guillermo Reyes y José Luis Mena volvieron ayer a los juzgados de Telde, en esta ocasión para declarar como testigos en la denuncia contra la gasolinera ilegal situada a la entrada de Las Remudas y junto a la autovía del Cabildo. El concejal de Ciuca, ex responsable de Urbanismo, y el técnico, exjefe de este servicio municipal, negaron ante la juez, el fiscal y la acusación particular que aprobaran las licencias de obra y apertura de forma ilegal porque se basaron en los informes técnicos favorables. No obstante, El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha ordenado la demolición de la gasolinera, orden que se ha incumplido. Una participación que los denunciantes, el matrimonio formado por José Manuel González y Zenaida Amador, residentes en Las Remudas consideran y así lo han confirmado sentencias del TSJC, que hubo irregularidades en la concesión de las licencias. De hecho, el actual concejal de Urbanismo, Pablo Rodríguez, decretó el pasado 4 de julio de 2014 el cese de la actividad de la gasolinera y posterior demolición, pero seis meses después esta industria sigue en funcionamiento. La razón es que Repsol ha presentado ante la justicia una aclaratoria de la sentencia del alto tribunal canario.
Guillermo Reyes, que fue citado como testigo junto a José Luis Mena y una funcionaria de Urbanismo por la magistrada María del Carmen López-Tomaseti Fernández, titular del Juzgado de Instancia número 1 de Telde, respondió a las preguntas que le formularon durante su comparecencia como testigo. En sus respuestas, según señaló a la salida de la sede judicial, aclaró a la magistrada y al fiscal que como concejal de Urbanismo sus competencias estaban limitadas a decisiones menores y siempre con los informes favorables de los técnicos de su departamento.
“Yo fui”, aseguró, “el único concejal de Urbanismo de España que no tenía competencias urbanísticas porque éstas estaban en mano de la Junta de Gobierno y allí solo se aprobaban los expedientes que tenían los informes favorables de los técnicos. De haber aprobado algo con dictamen negativo hubiera sido prevaricación”. Reyes también dejó caer que la denuncia “tiene una intención política para desacreditarme” y añadió: “Entiendo que los ciudadanos tienen derecho a presentar los recursos que consideren convenientes para defender sus derechos y si este señor ha ganado, pues me alegro y habrá que cumplir lo que dicen las sentencias, pero en su momento aprobamos lo que nos dijeron que estaba en la legalidad”. Por su parte, José Luis Mena, que testificó tras el turno del concejal de Ciuca también expresó a la salida de su comparecencia que se había actuado conforme a la ley.
Según el funcionario y exjefe de Urbanismo, “en 2003 se concedieron las licencias de obra y de apertura con los informes técnicos favorables y cuando se presentaron las denuncias por los ruidos del tren de lavado y por la edificación en suelo rústico se estudió el caso”. No obstante, Mena argumentó que cuando se producen las sentencias condenatorias del TSJC contra la concesión de esas licencias él ya se encontraba fuera del departamento porque “estuve de excedencia entre 2007 y 2011”.
(*) Fuente: La Provincia-Dlp
