En los últimos años hemos asistido a una peligrosa tendencia: convertir cualquier caso mediático en un campo de batalla ideológico. La imagen que circula estos días —comparando la reacción social ante un beso no consentido con el supuesto silencio ante una agresión sexual— no es solo una crítica política. Es, sobre todo, un síntoma de cómo hemos degradado el debate público.
La acusación es clara: doble rasero. Indignación selectiva. Feminismo a conveniencia. Y, como remate, la descalificación gruesa. Pero cuando rascamos un poco más allá del titular incendiario, la realidad es bastante más compleja.
No todos los casos son iguales. No lo son jurídicamente, no lo son mediáticamente, no lo son en contexto ni en consecuencias. Reducir un episodio a “un piquito” o utilizar una agresión sexual como arma arrojadiza contra un adversario político no contribuye a esclarecer nada. Contribuye, eso sí, a polarizarlo todo.
En ese contexto, el Partido Popular ha decidido utilizar el último caso que afecta al entorno policial como ariete político. Ha salido con contundencia a marcar perfil, a exigir explicaciones y a señalar incoherencias del adversario. Está en su derecho como oposición. Fiscalizar forma parte del juego democrático.
Pero aquí conviene recordar una verdad incómoda: en la política española nadie tiene un historial inmaculado. Ningún partido puede presumir de estar libre de errores, escándalos o responsabilidades pendientes. Por eso la frase bíblica resuena con fuerza: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra.
El problema no es exigir responsabilidades. El problema es hacerlo con una vara de medir que cambia según quién ocupe el poder. Hoy se reclama dimisión inmediata; mañana se invoca la presunción de inocencia. Hoy se habla de ejemplaridad; mañana se pide prudencia judicial. Esa elasticidad moral es la que alimenta la desconfianza ciudadana.
La pregunta de fondo no debería ser si “la izquierda” o “la derecha” reaccionan más o menos según quién sea el acusado. La pregunta correcta es otra: ¿exigimos responsabilidades cuando corresponde? ¿Respetamos los procesos judiciales sin trivializar los hechos? ¿Defendemos principios o defendemos siglas?
La violencia sexual no es de izquierdas ni de derechas. La ética pública tampoco debería serlo. Si hay delito, que actúe la justicia. Si hay responsabilidades políticas, que se asuman. Pero convertir cada caso en una guerra de trincheras no fortalece la democracia; la erosiona.
La ciudadanía observa. Y sabe distinguir cuándo la indignación es auténtica y cuándo es estratégica. Sabe que muchos lanzan piedras desde tejados de cristal.
La verdadera vara de medir no debería ser ideológica. Debería ser coherente, constante y ética. Y esa —precisamente— es la que más escasea cuando el ruido político sustituye al debate serio.
Juan Santana, periodista y locutor de radio
