El panorama para la sala de fiestas La Bella Época parece estar entrando en una fase decisiva tras meses de bloqueos. La reactivación de las diligencias en el Juzgado de Instrucción nº 2 de Telde, ha dado un balón de oxígeno a estos empresarios, al poner bajo la lupa la actuación de dos técnicos municipales del Ayuntamiento de Telde.
El giro más importante tuvo lugar con la admisión a trámite de la querella criminal contra dos técnicos del Ayuntamiento (A. Alemán y B. Santana). Esto significa que el juez ve indicios suficientes para investigar si hubo un delito de prevaricación administrativa.
Los abogados de La Bella Época sostienen que el precinto de marzo de 2025 se hizo basándose en un expediente que ya estaba caducado o anulado por un decreto previo.
Se investiga si los técnicos actuaron por iniciativa propia, sin la orden directa del concejal de Urbanismo, lo que podría anular la validez de todo el proceso de cierre.
La reactivación judicial también se centra en la posible discriminación. La propiedad ha denunciado reiteradamente que el Ayuntamiento ha ignorado las irregularidades de construcciones colindantes (que serían las causantes reales de los problemas de ruido) mientras centraba toda la presión en la discoteca. El hecho de que el juzgado ahora exija toda la documentación al consistorio sugiere que se va a fiscalizar si hubo un «acoso sistemático».
Si la justicia acaba confirmando que los técnicos municipales actuaron de forma arbitraria o ilegal (prevaricación), la estrategia de la defensa de La Bella Época cobraría una fuerza jurídica tremenda para ir a por los medios de comunicación que «compraron» la versión oficial sin contrastar lo que realmente sucedía.
Si se demuestra el acoso administrativo, la defensa podría argumentar que ciertos medios no se limitaron a informar, sino que formaron parte de una campaña de desprestigio orquestada.
En concreto la Actualidad de Telde y la radio ilegal del ronco, han publicado información sesgada (como dar por hecho que la licencia estaba extinguida cuando aún estaba en disputa judicial) con el fin de dañar la reputación del negocio y presionar al juez.
Estos medios aludidos han publicado acusaciones de delitos que resultan ser falsos (por ejemplo, sobre la seguridad del local o la legalidad de sus reformas) basándose únicamente en filtraciones interesadas de los técnicos investigados, la empresa podría interponer:
Querellas criminales: Por injurias y calumnias con publicidad.
Demandas civiles: Por vulneración del Derecho al Honor, exigiendo rectificaciones públicas y cuantiosas indemnizaciones por daños morales.
La libertad de información es muy amplia, pero tiene un límite claro: la veracidad de lo que se cuenta, si estos informadores utilizaron documentos de un expediente que el juez ahora declara ilegal o manipulado, esos medios quedan en una posición legal muy vulnerable.
El escenario actual se basa en confirmar la prevaricación de los técnicos (el «acoso» administrativo). Y posteriormente Demostrar que los citados medios de comunicación actuaron de mala fe o con una negligencia grave al no contrastar los datos de la empresa.
Canarias Informativa
