Hay administraciones que gestionan. Y luego está la Consejería de Educación de Canarias, que parece haber inaugurado una nueva disciplina: la meteorología recreativa aplicada a la vida de los demás. Una especie de videojuego institucional en el que el ciudadano nunca sabe si mañana habrá clase, si no la habrá, si habrá hasta las doce, si a las doce hay que salir corriendo, o si al final siempre no, que mejor cada uno mire el móvil, rece a San WhatsApp y espere el siguiente comunicado.
La secuencia de estos días da para manual de cómo convertir la prevención en desconcierto. El 19 de marzo la Consejería pasó a modalidad no presencial en varias islas y en Gran Canaria por la tarde y noche, y el 20 de marzo extendió la medida a todo el archipiélago. Hasta ahí, uno puede entender la prudencia. Pero el 21 de marzo anunció que el lunes 23se retomaría la actividad presencial en todos los centros. Y, de repente, llega el martes 24, con Gran Canaria en emergencia autonómica por riesgo de inundaciones desde las 09:30 y con avisos meteorológicos importantes activos desde primera hora, y Educación decide mantener la actividad presencial en el turno de mañana y el comedor escolar. Vamos, que cuando el cielo ya estaba escribiendo la editorial, la Consejería todavía iba por el titular.
Y aquí entra la obra maestra de la gestión: a media mañana empiezan a circular instrucciones de salida anticipada del alumnado entre las 12:00 y las 14:00 en centros de Gran Canaria, con familias llamadas a reorganizar en minutos lo que la administración no fue capaz de prever en días. Algunos centros publicaron esa recogida escalonada; otros, pocas horas después, difundieron que la salida anticipada quedaba anulada y que se mantenía la jornada de mañana. O sea, que el plan oficial parecía redactado por una veleta con cargo público: primero corran, luego no corran, luego atentos a próximos avisos, luego ya veremos.
Después, eso sí, llegó la solemnidad institucional: suspensión de los turnos de tarde y noche del martes y de toda la actividad presencial del miércoles 25 en Gran Canaria, con la consabida fórmula de “prudencia y prevención”. La frase es preciosa. Tiene empaque. Suena bien. El problema es que la prudencia no consiste en ir siempre detrás de la lluvia como un coche escoba administrativo. La prevención no es dejar abiertos los colegios cuando ya hay una situación de emergencia en la isla y luego pedir a padres y madres que abandonen sus trabajos, se teletransporten al centro y recojan a sus hijos porque alguien en un despacho acaba de descubrir que, efectivamente, cuando cae un diluvio… moja.
Porque esa es la gran obscenidad del asunto: la Consejería actúa como si las familias vivieran en una dimensión paralela, una especie de Canarias funcionarial donde todo el mundo puede dejar el trabajo al instante, coger el coche, salir por calles anegadas y presentarse en el colegio con una sonrisa, como si aquello fuera una excursión y no una chapuza organizativa. Desde el despacho, pedir que vayan a buscar al niño antes de las doce parece facilísimo. En la vida real, eso significa jefes, turnos, permisos, angustia, tráfico, miedo y un mensaje clarísimo para miles de padres: “la logística te la resuelves tú”.
Lo peor no es solo el baile de órdenes y contraórdenes. Lo peor es la imagen que deja. Una Consejería que presume de proteger a la comunidad educativa, pero que transmite la sensación contraria: que va tarde, que comunica peor y que decide a trompicones. Una Consejería que el 20 de marzo cerró en todo el archipiélago y el 24 mantuvo la mañana abierta en Gran Canaria pese a la emergencia ya declarada, para luego entrar en modo sprint y convertir a las familias en servicios auxiliares de Protección Civil.
Poli Suárez debería entender algo elemental: la seguridad de los ciudadanos no se protege con improvisación, sino con anticipación. No se defiende con notas de última hora, sino con criterios claros, homogéneos y comunicados a tiempo. No se garantiza cerrando cuando ya pasó lo peor y abriendo cuando el barranco está afinando la garganta. Porque entonces ya no parece prudencia. Parece otra cosa: parece descoordinación con cargo al calendario laboral de las familias.
Al final, el problema no es la borrasca. El problema es que cada episodio de lluvia acaba dejando la misma impresión: que en la Consejería no gobierna un protocolo, sino una ruleta. Y cuando la seguridad de los niños y la tranquilidad de sus padres dependen de una ruleta, lo que cae del cielo no es solo agua. También cae la confianza pública.
Juan Santana, periodista y locutor de radio
