El pasado 7 de marzo hemos conocido la indolencia con la que el primer regidor de Telde, Juan Antonio Peña, justifica la elaboración del Catálogo de Bienes Culturales del municipio como “complejo y laborioso”, como respuesta a una denuncia presentada por la Coordinadora en Defensa del Patrimonio de Jinámar (COPAJI) ante la Diputada del Común de Canarias.
Una excusa, por otra parte, que llega con seis años de retraso respecto a la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias y que suena a lavado de manos institucional ante la denuncia de COPAJI.
Esta es la gota que colma el vaso de los amantes del patrimonio cultural y natural de Telde, ante la inacción de los garantes de velar por el interés público y de salvaguardar las señas de identidad heredadas por nuestros antepasados, cuya protección recae en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, y en la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias.
La «complejidad» contra la realidad del terreno
Mientras en los despachos se habla de «estudios especializados» y «trámites administrativos», la realidad del Patrimonio Cultural no espera a la burocracia.
Resulta irónico que el consistorio alegue que el catálogo exige «trabajo de campo y documentación histórica» cuando son precisamente los colectivos vecinales y los técnicos externos quienes están poniendo nombre y apellidos a la ruina. La «complejidad» no es técnica; es de voluntad política.
Un vacío legal donde mandan los tractores
La advertencia de Manuel Rodríguez (Lolo), portavoz de COPAJI, es demoledora: «A día de hoy, corremos el riesgo de que se metan tractores en un montón de bienes importantes del pueblo y que, legalmente, no pase nada».
Esta es la consecuencia directa de no disponer del catálogo municipal actiualizado: la indefensión jurídica. Sin ese documento, que el grupo de gobierno se halla a una «disponibilidad técnica y presupuestaria» sin fecha, cualquier intervención urbanística o de obra pública camina sobre un terreno donde el patrimonio es un estorbo prescindible y no un valor a proteger.
El patrimonio no les importa si no hay rédito electoral. La frase, dura pero certera, resume décadas de gestión en las que se ha preferido dar las gracias de forma educada a las propuestas de colaboración altruista para luego archivarlas en el cajón del olvido.
La herencia de la inacción
No es un problema nuevo, pero sí agravado. Durante la pasada legislatura, bajo la alcaldía de Carmen Hernández y con Juan Martel en Cultura, la pasividad fue la norma, a pesar de que la Ley 11/2019 ya estaba vigente. El hecho de que Telde sea el único de los grandes municipios de Gran Canaria que arrastra este déficit es una mancha en el expediente de una ciudad que aspira a ser una gran ciudad de futuro social y turístico.
¿Cómo se puede pretender la gloria de una gran ciudad cuando no se tiene ni siquiera la casa limpia? La respuesta del alcalde a la Diputada del Común no menciona ni una sola hoja de ruta, ni una partida presupuestaria concreta, ni un calendario de licitación. Solo palabras huecas sobre lo «complejo» que resulta cumplir la ley.
¿Patrimonio o vertedero?
Telde se encuentra en un punto de no retorno. O se profesionaliza de una vez la gestión mediante la creación de una Unidad Municipal de Patrimonio, como ya se ha propuesto por expertos, o seguiremos asistiendo a la documentación de restos óseos de cabras y cepillos de dientes en cuevas prehispánicas mientras los muros de toba roja se vuelven polvo.
El patrimonio no es un lujo «laborioso»: es una obligación legal y moral. Si este grupo de gobierno y los que le precedieron no son capaces de entender que la identidad de un pueblo no se licita a plazos, quizá es que, efectivamente, la cultura les importa mucho menos que los votos.
Mientras tanto, COPAJI tiene 15 días para presentar alegaciones. El reloj sigue corriendo en la historia de Telde, pero los tractores, a diferencia de los catálogos, nunca se retrasan.
La desidia tiene consecuencias
No estamos ante una cuestión técnica ni ante un simple retraso administrativo, sino ante el incumplimiento de obligaciones legales claras. La Ley 11/2019 de Patrimonio Cultural de Canarias establece que los ayuntamientos tienen el deber de proteger, conservar y gestionar el patrimonio cultural existente en su término municipal, dotándose, para ello, de los instrumentos administrativos y técnicos necesarios. Entre esos instrumentos se encuentra el Catálogo Municipal de Bienes Patrimoniales Culturales, regulado en el artículo 50 y siguientes de la ley, que debe identificar y garantizar la protección jurídica de los bienes culturales del municipio.
Asimismo, la propia norma prevé que las administraciones locales dispongan de medios técnicos especializados para el ejercicio de dichas competencias. La ausencia de este catálogo en Telde, seis años después de la entrada en vigor de la ley, no solo mantiene a numerosos bienes patrimoniales en una situación de desprotección real, sino que constituye un incumplimiento flagrante de la normativa autonómica. Y las consecuencias no son únicamente culturales o simbólicas: la ley prevé mecanismos de control, de responsabilidad y de régimen sancionador cuando las administraciones incumplen sus obligaciones.
En otras palabras, la dejación política en materia de patrimonio no solo pone en riesgo la memoria histórica de la ciudad, sino que podría derivar en sanciones o responsabilidades económicas que todos los ciudadanos del municipio tendrían que pagar por años de abandono institucional.
