domingo, 24 octubre, 2021

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La alcaldesa de Telde, Carmen Hernández (NC), imputada por presunta prevaricación

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La oposición exigirá su dimisión por seguir “lesionando la imagen de la ciudad” y “las arcas municipales” de Telde, además de provocar que los empresarios se lo piensen dos veces antes de invertir en el municipio.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Telde ha admitido a trámite una querella interpuesta contra la alcaldesa Carmen Hernández; la concejala de Hacienda, Celeste López; y la tesorera municipal, Ana Ortega, por el procedimiento seguido para abonar una indemnización por una expropiación realizada décadas atrás en La Estrella. A la regidora y el resto de investigadas se les imputa la presunta comisión de un delito de prevaricación, pues el abono, según todos los indicios, aún no se habría realizado en su totalidad pese a la existencia de una sentencia que conminaba a ello.

En el auto emitido el pasado 19 de septiembre por el juez Juan Manuel Hero Costoya se adelanta que se dará hecho también de esta medida al Ministerio Fiscal. A partir de aquí, se iniciarán previsiblemente unas diligencias previas que incluirían, en esta fase primigenia de la instrucción, la declaración de la alcaldesa, la edil y la habilitada.

La denuncia parte de María Luz Granados López, a cuya familia se le expropiaron unos terrenos hace más de 30 años en La Estrella, cerca de La Garita, al objeto de crear una plaza en los mismos. Lo cierto es que tres décadas después, ni hay plaza ni se le ha pagado a la familia la totalidad del dinero que correspondía tras la operación urbanística alentada desde el Ayuntamiento.

CRONOLOGÍA DE UNA PRESUNTA PREVARICACIÓN

Se da la circunstancia de que en mayo pasado, el Consistorio ordenó el pago de un total de 1,036 millones de euros a la mencionada familia. Según trascendió entonces, el Consistorio ya había efectuado años atrás un primer abono de unos 960.260 euros, y ahora pretendía saldar su deuda con la citada familia, sin que este pago, presuntamente, estuviese incluido en primer el plan de abonos por expropiaciones que en primavera fue remitido al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

El tripartito recurrió entonces a la vía del decreto para efectuar el desembolso. El caso llevaba años andando en los tribunales y de hecho, la familia Granados ganó el litigio en 2007. Desde entonces, se encontraba a la esperaba de que el mismo fuese resuelto. En Urbanismo consta, al efecto, un expediente que había sido abierto en 1999 y que ha ido avanzando ‘al golpito’.

También en mayo, la concejala Celeste López, titular de Hacienda, confirmó dichos datos y reseñó que el abono se había hecho con todos los informes técnicos y jurídicos y justificó el reintegro, entre otras cosas, por la antigüedad del expediente.

Posteriormente, trascendió que desde un departamento del Consistorio se paralizó la orden de pago de esos 1,036 millones. En ese momento, la familia Granados presentó la querella que ahora ha sido admitida a trámite, si bien, por mecanismos que aún no han trascendido, el Ayuntamiento terminó ingresando esa cantidad en las cuentas de la familia.

Fuentes consultadas apuntaron en aquel momento la posibilidad de que la querella criminal presentada por la familia Granados contra la alcaldesa Carmen Hernández; la propia Celeste López y una de las habilitadas nacionales pudiera haber facilitado la agilización del proceso de pago.

Sea como fuere, lo cierto es que el litigio ha vuelto a judicializarse con la aceptación de la referida querella. Según las indagaciones realizadas los Granados han cobrado ya el principal de la deuda, pero aún no han percibido cerca de 900.000 euros en concepto de intereses. Así las cosas, es una incógnita saber cómo caminará el pleito en los juzgados.

Al margen de todo ello, de alguna manera y con la decisión tomada por el Gobierno local en mayo de recurrir a un decreto para liquidar deudas, se podría dar pie a que otros vecinos que están pendientes de cobrar deudas de esta naturaleza por parte del Ayuntamiento tomen la misma vía. Esta es, la de la presentación de una querella criminal para dar celeridad a sus respectivos procesos.

ONDA GUANCHE  irá ampliando este avance informativo que pone en jaque a la alcaldesa de Telde Carmen Hernández a la que no tardará la oposición en exigirle la dimisión por “lesionar la imagen de la ciudad” y “las arcas municipales” de Telde, además de provocar que los empresarios se lo pienses dos veces antes de invertir en el municipio. Aunque en la ciudadanía el entorno generalizado es que la alcaldesa debería haber dimitido hace tiempo, porque venía a dar soluciones y se ha convertido en el problema para una ciudadanía que sufre sus mentiras y falsas promesas electorales.

Manuel Ramón Santana

Florentino López Castro

Florentino López Castro

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