Han pasado apenas unos días desde que las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio de Las Palmas de Gran Canaria lanzaron un grito de auxilio en las redes sociales: “No hemos cobrado. Tenemos que comer y pagar facturas. Que este mensaje llegue a la alcaldesa Carolina Darias.”
Era el 4 de noviembre, y la desesperación ya se había convertido en rutina. Sin embargo, el pasado 6 de noviembre, por fin, el ingreso llegó. Un alivio momentáneo que, lejos de calmar los ánimos, ha puesto en evidencia el abandono estructural que sufren estas trabajadoras —mujeres, en su mayoría— que cuidan de los demás mientras viven en la incertidumbre.
Para conocer lo que hay detrás de este conflicto, en el programa «El Pulso» de Juan Santana en ONDAGUANCHE conversó con Lidia Cordero, representante sindical de UGT y una de las voces más activas en la defensa del colectivo. Su testimonio no solo describe un problema laboral, sino una herida social abierta en el corazón del sistema público de cuidados.
El origen del problema: una nulidad que paraliza vidas
“El servicio está en situación de nulidad”, explica Cordero con voz firme pero cansada. “Se acabó el concurso anterior y estamos esperando que se apruebe el nuevo. Mientras tanto, las facturas que debe cobrar la empresa tienen que pasar por pleno, lo que retrasa todo el proceso.”
Esa espera administrativa tiene consecuencias reales: nóminas que no llegan, alquileres impagados y madres que no pueden llenar la nevera. “Y en medio de todo esto”, añade, “las empresas aprovechan la situación. Si la administración no les paga, deciden no pagarnos a nosotras. Siempre se tira del lado más débil de la cuerda.”
El grito que llegó hasta la alcaldesa
La tensión estalló con un mensaje viral en redes sociales: “No hemos cobrado, no sabemos cuándo cobramos.”
La presión pública funcionó. “Pedí reunión urgente con la concejala de Servicios Sociales, Carmen Luz, y con el director del área, Carlos Gómez. Se comprometieron a llevar al pleno una partida de tres millones de euros para pagar las facturas pendientes. Y cumplieron. Gracias a eso cobramos”, explica Lidia.
Pero no hay motivo para el optimismo. “Esto se arregló este mes. El próximo, ya veremos. No hay garantías de estabilidad.”
Una huelga que nunca fue: ‘Nos negaron hasta el derecho a protestar’
El malestar viene de lejos. El colectivo intentó convocar una huelga cuando comenzaron los primeros retrasos. Pero se la negaron. “Nos impusieron unos servicios mínimos del 100%, lo que equivale a prohibirla. Lo hemos denunciado ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, porque nos quitaron un derecho constitucional”, recuerda.
“Nos dijeron que no podíamos dejar de atender a los usuarios vulnerables, algo que entendemos. Pero hay tareas —como limpieza, acompañamiento o planchado— que podrían haberse parado sin poner en riesgo a nadie. No nos dejaron ni eso.”
‘Fuimos esenciales en la pandemia, pero nadie se acordó de nosotras’
En su relato, Lidia recuerda los días más duros del confinamiento: “Fuimos esenciales, pero invisibles. Mientras todos estaban en casa, nosotras seguíamos saliendo, casa por casa, sin medios, sin equipos de protección, sin reconocimiento. Los hospitales tenían EPIs. Nosotras, apenas una mascarilla.”
“Éramos las que abríamos las puertas, las que cuidábamos a los mayores cuando nadie más podía acercarse. Y ahora, cuando toca que nos cuiden a nosotras, se esconden detrás de la burocracia.”
Una empresa que mira a otro lado
La empresa responsable del servicio se llama SERVISAR GRUPO: DOMUSVI Según la representante sindical, es parte del problema: “Dicen que no pueden pagar porque el Ayuntamiento no les abona a tiempo. Pero eso no justifica que nos dejen sin sueldo. Si usted tiene un contrato con la administración, asuma su responsabilidad. No cargue sus problemas sobre las trabajadoras.”
“Estamos hablando de un colectivo vulnerable: el 90% somos mujeres, muchas monoparentales, con sueldos congelados desde 2020. No podemos seguir soportando que la empresa y el Ayuntamiento se pasen la pelota.”
‘Humanidad’, la palabra más repetida
Lidia reconoce la implicación de la concejala Carmen Luz y del director Carlos Gómez, que “han hecho todo lo posible” para solucionar el problema. Pero subraya que esto no puede depender de la buena voluntad de unos pocos.
“Hace falta que en los pliegos de condiciones se garantice que, aunque el concurso esté en nulidad, los salarios se paguen. La ley lo contempla, pero se incumple.”
Y lanza un mensaje claro a las instituciones: “Que entiendan que no solo son vulnerables los usuarios. Nosotras también lo somos. No se puede cuidar bien si una no puede vivir tranquila.”
