El presidente de Ciudadanos por el Cambio, Ciuca, Guillermo Reyes, reclama al Consistorio 99.510 euros en concepto de representación legal y presentó el 17 de enero un recurso en el Juzgado Contencioso Administrativo número dos de Las Palmas de Gran Canaria «contra la inactividad del Ayuntamiento de Telde de la reclamación de solicitud de abono» de once facturas de 2013 de los abogados que lo representaron en varios procesos judiciales en los que participó en su etapa como concejal, entre 2005 y 2011.

El 8 de febrero, el secretario del Consistorio remitió a este juzgado toda la documentación que obra en el Ayuntamiento sobre esta reclamación, entre la que se encuentra las respuestas denegando el pago de aquellas facturas de representación legal en las que Reyes actuaba como demandante, en algunos casos como acusación particular, y pidiendo la subsanación de otras para poder proceder a su abono.

El expediente al que ha tenido acceso este periódico y que consta de 89 documentos, incluye un informe jurídico del secretario general del Pleno del 23 de enero de 2024 en el que se recoge que Guillermo Reyes presentó un escrito el 14 de diciembre de 2017 solicitando «el abono de los gastos procesales correspondientes a 45 facturas», 16 de ellas emitidas por el mismo abogado, «dimanantes de distintos procedimientos judiciales en los que intervino en la etapa 2003-2017 como concejal de este Ayuntamiento», una solicitud que fue desestimada por el letrado de la Asesoría Jurídica el 16 de febrero de 2018. Días después, el 9 de marzo, Reyes registró un escrito formulando sus alegaciones, que fueron contestadas el 3 de mayo, indicándole «los requisitos de necesaria concurrencia» para poder cobrar facturas de esta índole. Así, «tras el análisis de la documentación obrante en el expediente» el 18 de febrero de 2020 se emite un nuevo informe en el que «se verifica la relación de procedimientos en los que se dan las condiciones» establecidas.

Acusación particular

En esta relación se desestima el pago de las facturas de cuatro procedimientos seguidos en el Tribunal Superior de Justicia (2019), «en el que el interesado fue el demandante»; uno en el Juzgado de lo Penal, 2 de Telde (2009), en el que «fue acusador particular«; otro en el Juzgado de Instrucción número 1 de Telde (como denunciante) en 2008; y otro de 2013 ante el Juzgado de lo Penal número 2 (acusador particular).

Por otro lado, en este informe se estiman los restantes (los once que ahora reclama), si bien aclara que se pagarán «siempre y cuando se aporte la factura y demás documentación» que se relaciona, como la justificación de que el concejal estaba implicado en el procedimiento o las facturas debidamente tramitadas. El escrito añade que «el interesado aportó parte de la documentación exigida, si bien no lo hizo en los términos requeridos, por lo que ante la falta de información imprescindible» se solicitó un informe a la empresa que ejercía entonces como defensor jurídico de la Administración, que después de analizar cada caso concluye en que la petición de Reyes «no puede considerarse admisible» porque no se acredita ni la implicación del interesado, ni la actuación del letrado, por lo que se pide que se remita la documentación necesaria.

Retiradas del Pleno a última hora

El secretario constata en enero que la información requerida fue aportada por el ex edil, por lo que «se procede a incluir cada una de esas facturas en un expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos que se someterá a la aprobación del Pleno».

De hecho, fuentes municipales aseveran que estas facturas están incluidas en la relación de abonos que se iba a aprobar el Pleno de abril, pero poco antes fueron declaradas nulas (el programa gestor de documentos no permite eliminar papeles de los expedientes) y solo se llevaron a consideración del Pleno las facturas de Lidia Mejías, Francisco López y Darío López, dos exconcejales y un ex director de gobierno.

Para ejercer la defensa del Ayuntamiento de Telde, el concejal de Asesoría Jurídica, Juan Francisco Jiménez, solicitó el 20 de febrero un presupuesto a un gabinete que fue aprobado finalmente el 23, por un total de 10.238,61 euros, y la concejala de gobierno de Recursos Humanos, Carmen Batista, firmó el 10 de marzo la contratación de un procurador para ejercer la defensa por 981 euros. Ambos concejales, al igual que el alcalde, Juan Antonio Peña, pertenecen al partido que preside Reyes, Ciuca. Como curiosidad, las once facturas pendientes de abono datan del 20 de abril de 2013.

Cuatro días después, el procurador de Reyes formalizó una demanda en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, número 2 de Las Palmas de Gran Canaria en la que se afirma que «en medio de una contienda judicial entre partidos políticos que sacudió al municipio de Telde desde 2005 a 2011, mi representado interpuso numerosas acciones judiciales contra cargos públicos así como recibió denuncias objeto por el ejercicio (sic) de su cargo, la mayoría de ellas interpuestas por el propio Ayuntamiento de Telde cuando gobernó el partido rival. Todas estas denuncias, que derivaron en procedimientos judiciales, fueron archivadas, por lo que mi representado salió absuelto de todos los procedimientos». Esta demanda, fue presentada «aun siendo conocedor» de que estas facturas habían sido incluidas en un reconocimiento extrajudicial de crédito, tal como recoge el escrito de la abogada del Consistorio dirigido al juzgado, que niega, además que haya existido inactividad municipal, tal como alega Reyes en su demanda, ya que a lo largo de los años ha contestado y solicitado la información necesaria.

El alcalde, «contrario»

Juan Antonio Peña afirma que «se trata de una reclamación histórica, enmarcada entre las facturas sin abonar que dejó el gobierno anterior sin tramitar y como uno más acude a los juzgados a reclamar lo que considere oportuno» y añade que entre esas facturas se encuentran «los 900.000 euros de la obra de emergencia de Jerez, que también ha sido ganada en los juzgados recientemente». Además, precisa que «la defensa de los cargos públicos no es nueva, Carmen Hernández antes de dimitir como concejala electa y abandonar Telde tramitó su propia defensa como investigada en el caso Hoya Caldereta, que sigue los juzgados por lo penal. Como todo ciudadano, como toda persona que considera que le han lesionado sus derechos puede acudir a los juzgados». 

Además, añade que siendo él alcalde «no se le ha abonado ninguna factura y es por ese motivo, por la negativa de este gobierno por lo que ha acudido al juzgado» y reitera que es «contrario» a este abono.

La Provincia-Dlp (Esther Medina)