El artículo de Juan Manuel Brito, «El derecho a la isla. Territorialidad y democracia en la configuración del movimiento ecologista canario (1979–1992)», recientemente galardonado con el I Premio de Periodismo y Ensayo Manolo de la Hoz, dotado con 3000 euros, se enmarca en el memorialismo histórico del asociacionismo ecologista canario. Su relevancia no radica en la originalidad académica ni en la aportación de conocimiento a la materia tratada, como cabría esperar de un texto escrito por un investigador del CEDA (Centro de Estudios de Documentación del Atlántico), adscrito a la ULPGC y financiado anualmente por el Cabildo Insular de Gran Canaria. La importancia de este artículo está en lo que el autor ha omitido explicar.
El texto reconstruye la historia del ecologismo en Canarias hasta el año 1992, cuyo objeto y función principal se centrará en las tensiones territoriales provocadas por el turismo. Sin embargo, el artículo peca de una llamativa redundancia y falta de originalidad. En este sentido, cabe señalar que en las bases de participación del certamen que, por cierto, se crea en julio de este mismo año, se exige como requisito que el ensayo sea original y que no haya sido publicado con anterioridad.
El propio Juan Manuel Brito ya había publicado un artículo muy similar en 2014 titulado «La articulación del movimiento ecologista canario (1989-1991): antecedentes, evolución y origen de la Federación Ecologista Canaria Ben Magec». Además, existen varios artículos anteriores sobre la historia del asociacionismo ecologista en Canarias. El historiador y exresponsable de organización de Ben Magec-Ecologistas en Acción, Heriberto Dávila, publicó en 2006 «40 años de movimiento ecologista en Canarias», en el blog de Ecologistas en Acción. Más recientemente, en 2010 el maestro y exconcejal de Los Verdes por La Orotava, Agapito de Cruz Franco, publicó el exhaustivo artículo titulado «Historia resumida del movimiento ecologista en Canarias (1970-2010)» en la Revista digital San Borondón. En 2017, José de León Hernández, socio de Ben Magec, publica «Ben Magec, gracias por estos 25 años», artículo que comparte exactamente la misma narrativa sobre la historia del ecologismo canario y la defensa del territorio. Es más, en 2023 el propio Brito trata este mismo asunto en su tesis doctoral, titulada «Dinámicas de la contienda ambiental. Orígenes, evolución e impacto político del movimiento ecologista canario (1969-1992)». Tal es así, que el capítulo tres versa precisamente sobre «La implantación y expansión del modelo turístico: nueva colonización del territorio, transformación del territorio y crecimiento urbanístico.» Excepto en el caso del maestro y exconcejal de Los Verdes, Agapito de Cruz, todos los autores anteriormente mencionados tienen algo en común: su afiliación a la Federación Ecologista Ben Magec y su estrecha vinculación a Antonio Morales, el agente político de la ecoisla.
La lectura conjunta de los artículos y tesis mencionados proporciona todas las claves históricas, sociológicas, políticas y temáticas que se recogen en el artículo de Brito, receptor de un premio de investigación por su supuesta originalidad y objeto del presente análisis crítico. En resumen, el artículo premiado carece del enfoque crítico y, sobre todo, de la aportación de ideas y conocimiento novedosos que pudieran justificar la excepcionalidad del valor académico y/o periodístico y ensayístico del mismo.
Para comprender la verdadera relevancia del artículo de Brito, tal y como indicamos en el inicio, es necesario analizar el último párrafo del ensayo: «En el momento actual (Diciembre 2025), en el que buena parte de la sociedad canaria cuestiona el modelo turístico y se ha manifestado masivamente demandando límites y cambios profundos en su orientación, conviene resaltar que esa articulación entre territorialidad y democracia, entre el derecho a la Isla y el derecho a decidir, constituye el núcleo más profundo y vigente del movimiento ecologista canario, explicando su relevancia en la historia reciente de Canarias. En un tiempo marcado por la crisis climática global, la experiencia del movimiento ecologista canario y sus impactos, reaparecen como una memoria política y cultural que nos interpela e invita a repensar la relación entre sociedad, naturaleza y democracia.»
Sorprendentemente, en la conclusión de su ensayo el autor da un salto temporal de 1992 a 2025, omitiendo la explicación de la evolución del movimiento ecologista y sus causas, y elude así señalar que la centralidad del debate territorial ya no está circunscrita al turismo, sino mayormente a la transición energética/ecológica, la tercera gran revolución económica de Canarias tras los sucesivos monocultivos agrícolas que tuvieron su origen en el siglo XVI, y el monocultivo del turismo, cuya expansión territorial y urbanística prácticamente tocó techo a principios de los 2000. Estando de acuerdo con que la expansión territorial del modelo turístico es, junto con el carácter disperso e invasivo del urbanismo local, el principal depredador del territorio en Canarias, es inexcusable dejar fuera del diagnóstico a la implantación masiva de las energías renovables industriales, sobre todo en Gran Canaria, máxime cuando esta omisión sirve para allanar el camino al discurso mesiánico de la ecoisla de Morales.
Para Brito no parecen relevantes ni los parques eólicos y fotovoltaicos, ni las nuevas líneas de alta tensión (en Fuerteventura y Gran Canaria), ni las nuevas centrales térmicas (de gas y demás combustibles fósiles), ni la eólica marina, ni los proyectos descomunales como las centrales hidroeléctricas de Gorona del Viento, en El Hierro, y Chira Soria, en Gran Canaria, que tiene un área de afectación de 200 Km², la treceava parte de la superficie de la isla (sic), ni el tren, ni las plantas de biogás. Tampoco parece que considere relevante que durante los últimos años, la organización y movilización del movimiento ecologista canario han mutado de una rígida concepción asociacionista y federativa (ATAN, Ben Magec, etc.) para dar paso a la conformación de las plataformas ciudadanas. Esto lo explica perfectamente Agapito de Cruz en la tercera parte de su ensayo: «III. Las Plataformas Ciudadanas.»: «La década de los noventa trae una novedad: la ecología, sin abandonar su estatus de colectivo –en el que la ecología es su hilo conductor- se expande hacia el amplio abanico social en donde el motivo central ya no es el “programa ecologista” sino los diferentes problemas ambientales en sí mismos. Dentro de esta explosión social del ecologismo, que abandona el grupo organizado para abrirse de lleno a la sociedad, comienzan a formarse nuevas y variadas plataformas que abarcan prácticamente todo el arco ambiental y a las que los grupos ecologistas de la generación anterior sirven de apoyo y asesoramiento. La mayoría de ellas se apiñan a final de siglo aunque ya desde mediados de la década de los noventa se comienza a apreciar este fenómeno sociológico.»
La insistencia de Brito en señalar que actualmente el turismo sigue siendo la principal causa de la depredación territorial, mientras guarda silencio sobre el evidente y brutal impacto territorial del tsunami especulativo que representan las energías renovables, es inexplicable en el contexto académico. Tampoco menciona que las tres últimas grandes manifestaciones sobre la depredación del territorio y el medio natural fueron promovidas por la Plataforma Salvar Chira Soria, cuya fundación en 2019 fue motivada por la negativa del Presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, a promover un debate ciudadano antes de dar la luz verde a tan polémico proyecto. De hecho, en el mismo párrafo citado, el autor sugiere los conceptos implícitos de democracia directa y participación ciudadana, dos de las herramientas metodológicas con mayor carga identitaria del movimiento asambleario post 15-M, ejercido y propugnado por él mismo tanto en su faceta académica como activista: «(…) conviene resaltar que esa articulación entre territorialidad y democracia, entre el derecho a la Isla y el derecho a decidir, constituye el núcleo más profundo y vigente del movimiento ecologista.» Llama poderosamente la atención que Brito se erija de pronto en abanderado del derecho de los ciudadanos a decidir, cuando él mismo es uno de los firmantes del Manifiesto pro Chira-Soria (2021) que promovieron colectivos afines a Morales para silenciar la fuerte contestación popular movilizada en contra del proyecto, como ya hemos explicado, tras la negativa del Presidente a abordar tan relevante asunto en el ámbito de la participación ciudadana. Ni siquiera Jorge Pérez Artiles, Consejero de Participación Ciudadana del Cabildo y excompañero de Brito en las listas de Podemos a las elecciones de 2015, tuvo nada que decir al respecto.
Curiosamente, este silencio coincide con el posicionamiento que la Federación Ben Magec ha adoptado con respecto a Chira-Soria. La federación ecologista presentó en 2020 alegaciones al trazado de la línea de alta tensión de evacuación del proyecto, que discurre por una Zona Especial de Protección de Aves y Zona de Especial Conservación, ubicadas en el Parque Rural del Nublo, por contravenir tanto las determinaciones del Plan de Uso y Gestión de los mismos como las propias determinaciones del Plan Insular de Ordenación del Territorio de Gran Canaria. Sin embargo, a diferencia de la miriada de conflictos ambientales en los que Ben Magec ha participado a lo largo de su existencia, en el caso de Chira Soria la federación ecologista no siguió adelante con las alegaciones y ha mantenido un papel absolutamente pasivo e irrelevante. El liderazgo de la lucha ciudadana contra el proyecto de la central hidroeléctrica lo ha llevado a cabo de manera incisiva la Plataforma Salvar Chira-Soria.
Para comprender el rol desactivador de Ben Magec en el asunto Chira-Soria, es esclarecedor el siguiente extracto del libro “En clave de(l) Sol”, de Agapito de Cruz (2011): “El AMEC y la coordinación entre los grupos ecologistas de Canarias se rompió al crearse en 1991 la FEC Ben Magec en Las Palmas, una federación ecologista canaria con la que diversas organizaciones no estuvieron de acuerdo y en la que unos colectivos se integraron y otros no. Los primeros diez años la actividad de Ben Magec estuvo circunscrita a Las Palmas de Gran Canaria hasta que da el salto a Tenerife en 2003, donde consigue penetrar con motivo de la lucha contra el Puerto de Granadilla. El modelo de agrupar a personas y colectivos en una sola organización hizo que más que una federación se formara otro colectivo, perjudicando notablemente el tejido ecologista organizativo interinsular. Algunos grupos no se adhirieron. Otros lo hicieron, para posteriormente separarse. Algunos que se asociaron dejaron de existir al absorberlos en el común el nuevo colectivo aunque su nombre de registro continuara a otros efectos. Otros, aún participando mantuvieron su propia singularidad. Ecologistas en Acción tomó Ben Magec como su franquicia en Canarias, para luego establecer más secciones suyas con otros grupos de las Islas.” Nótese el perspicaz sentido del humor con que el autor señala dónde está «la clave» del asunto ecologista, que no es otra sino el sol, el Magec del panteón aborigen canario. Esta irónica alusión a Ben Magec parece querer indicar ya entonces que la federación ecologista cumplía una función de control como correa de transmisión del poder político. Tal es así, que en las discusiones mantenidas entre los colectivos promotores de la primera manifestación de «Canarias tiene un límite» del 20 de abril de 2024, Ben Magec se opuso enérgicamente a la propuesta de la Plataforma Salvar Chira-Soria de incluir en el manifiesto a las energías renovables industriales, con particular mención a la Central Hidroeléctrica Chira-Soria, como uno de los factores principales de la depredación territorial, extractivismo económico y especulación financiera de la que está siendo objeto la isla de Gran Canaria y su población.
En este nuevo escenario de metamorfosis del movimiento ecologista se produce por primera vez en la historia del ecologismo en Canarias un cisma entre el ecologismo formal tradicional, representado por Ben Magec y sus colectivos afines, y el nuevo ecologismo encarnado por la Plataforma Salvar Chira Soria. Esta brecha tiene a su vez implicaciones políticas y de amplio calado democrático, pues lo que realmente subyace en la contienda dialéctica entre ambas posturas es la oposición de dos modelos de transición energética incompatibles: el modelo centralizado y el distribuido. Con un silencio atronador por parte de Ben Magec, la federación cierra filas en torno al líder de la ecoisla, Antonio Morales, principal valedor político del proyecto Chira Soria y necesario facilitador empresarial de la transición energética centralizada, sustentada ésta en la entrega de nuestros recursos naturales más preciados (agua de las presas, territorio, mar, sol y viento) a las grandes empresas eléctricas y a fondos de inversión transnacionales. No en vano, muchos de los autores que han definido la narrativa imperante de la historia del ecologismo en Canarias, como el propio Juan Manuel Brito, Heriberto Dávila, José de León Hernández, Miguel Ángel Robayna (coautor junto a Brito y de León del libro «Salvar Veneguera»), son socios y significados miembros del think tank de Ben Magec. Algunos hasta han ostentado cargos políticos en el Cabildo de Gran Canaria y Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (por Nueva Canarias o Podemos).
Con el pretexto de la ecoisla, que pese a la insistencia de Morales de referirse al término como proyecto no es más que una etiqueta de significado ambiguo y vacío de contenido político, tanto él como sus colaboradores han dado entrada al caballo de Troya del modelo energético centralizado, cabeza de playa del nuevo macronegocio de las energías renovables industriales de carácter extractivo y especulativo, para darle la espalda al modelo distribuido que hace tan solo quince años todos ellos defendían con incuestionable autoridad en los foros del movimiento ecologista ciudadano. Al mismo tiempo, han hecho todo lo posible por desprestigiar al nuevo ecologismo representado, entre otros colectivos, por la Plataforma Salvar Chira Soria, desatendiendo de manera irresponsable la gravísima situación ecológica actual de Gran Canaria, a pesar de que la defensa irreductible del medio natural y los escasos recursos hídricos, que en esta ocasión está motivada por la brutal irrupción de las energías renovables industriales en nuestro vulnerable y limitado territorio fue, en un pasado no tan lejano, también su propia causa.
El silenciamiento de este nuevo ecologismo por parte del establishment académico, asociativo, profesional, mediático y político responde a una concepción utilitarista y nepotista de las instituciones públicas, medios de comunicación, colegios profesionales y colectivos ecologistas, que tiene como fin el beneficio propio, ya sea en forma de rédito político, dinero, subvenciones a dedo, locales para colectivos obedientes, asignación de proyectos, cargos de confianza, concesión de premios y distinciones, networking, contratos de obra menor, etc. Esta cohabitación de individuos, colectivos, empresas, partidos políticos e instituciones se ha constituido en un gran pacto de lealtades camufladas de aparentes buenas intenciones, eficiencia y excelencia en todos los ámbitos de la vida en sociedad. Para salvaguardar el blindaje hermético de este ecosistema elitista de sinergias se requiere de un convincente repertorio de narrativas ad hoc que refuerce y legitime a sus líderes. Así, desde las trincheras más variadas surgen académicos, abogados, empresarios, docentes universitarios, colectivos y asociaciones ciudadanas, etc. que, o bien manufacturan ellos mismos las narrativas locales para luego difundirlas en los diversos foros, o bien asumen sin pestañear las narrativas generales que les vienen dadas desde el poder político.
Los individuos y colectivos disidentes se convierten en non gratos y como tales, han de ser señalados, silenciados, denostados y destruidos. De esta manera, el control político es ejercido por aquellos que dicen defender los valores democráticos y los derechos humanos, ocupando los foros de debate, erradicando el disenso e imponiendo su narrativa programática. El imperio de la “ecoisla” suprime toda forma de debate ciudadano para secuestrar el discurso, trocearlo, manipularlo y dárselo en cuchara a la ciudadanía a través de sus medios de comunicación y agentes colaboradores. En realidad, el título del ensayo aquí discutido, «El derecho a la isla», no es más que una sutil maniobra de invocación a la buena fe de los ciudadanos para que internalicen la propaganda de la ecoisla, ese San Borondón disneylandiano, paraíso terrenal y canarista, en el que todos seremos felices muy pronto. El tono épico del título del ensayo, «el derecho a la isla», por inocuo que parezca, se adecua a las directrices maquiavélicas del plan de consolidación del poder político insular actual, que persigue mantener a toda costa el control del relato mediante el ostracismo mediático, político y académico de los individuos y colectivos divergentes y críticos.
PLATAFORMA SALVAR CHIRA SORIA BARRANCO DE ARGUINEGUIN
