El Pleno ordinario del Ayuntamiento de Telde, celebrado este martes en las Casas Consistoriales, dejó una imagen política tan reveladora como incómoda para el alcalde Juan Antonio Peña. El regidor se vio obligado a modificar —y mutilar— una declaración institucional sobre las jaulas marinas, inicialmente consensuada con la Plataforma Ciudadana por un Litoral Limpio, tras la presión directa de sus socios de gobierno: Coalición Canaria, con Juan Martel, y el Partido Popular.
La declaración fue leída en el Pleno por Consuelo Jorge, presidenta de Turcón, en representación de la plataforma ciudadana. Sin embargo, el texto aprobado no fue el original. La versión final llegó al Pleno con un recorte sustancial que eliminó el párrafo más contundente y políticamente incómodo.
Cabe destacar que el documento fue negociado exclusivamente entre el alcalde y la Plataforma, sin participación alguna de los grupos de la oposición, que recibieron el texto apenas 24 horas antes de la sesión plenaria, sin margen real para aportar o debatir.
El párrafo eliminado
El fragmento suprimido no dejaba lugar a dudas y exigía responsabilidades políticas claras. En él se pedía la dimisión del consejero autonómico de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, y del director general de Pesca, Esteban Cipriano Reyes, por su “total inacción, dejación de control y falta de fiscalización” en las concesiones de acuicultura, permitiendo —según el texto— vulneraciones de leyes y acuerdos ambientales en una zona prohibida para esta actividad, pese a informes reiterados de Salud y Medio Ambiente que califican dicha actividad incluso como “tóxica para el ser humano”.
Ese párrafo desapareció antes del Pleno. Y no fue por casualidad.
El “sapo” político
La razón del recorte es evidente: tanto Narvay Quintero como Esteban Cipriano Reyes pertenecen a Coalición Canaria, partido que gobierna Canarias en coalición con el PP y que, a su vez, sostiene al alcalde en Telde. El resultado fue una declaración institucional descafeinada, sin exigencia de ceses ni responsabilidades políticas, un simple sucedáneo del texto original.
En el salón de plenos, según relatan fuentes presentes, al alcalde se le vio visiblemente desencajado. Pese a hacer gala —una vez más— de arrogancia y prepotencia, terminó aceptando el recorte del texto que él mismo había pactado previamente. La aritmética política pudo más que el discurso ambiental.
La primera piedra en el zapato del alcalde
Este episodio supone la primera gran piedra en el zapato político del alcalde de Telde desde que accedió al cargo. Una grieta evidente entre el discurso público y la realidad de un gobierno condicionado por sus socios.
La siguiente piedra podría ser mucho más pesada. El alcalde podría verse obligado a asumir políticamente la mala gestión municipal en materia medioambiental y, si finalmente se confirman las graves irregularidades vinculadas al emisario submarino identificado como Vertido nº 222, el escenario político en Telde podría dar un giro drástico.
En ese contexto, no se descartan dos salidas: la dimisión o su sometimiento a una cuestión de confianza, que ponga a prueba la estabilidad real de su gobierno y el respaldo de quienes hoy lo sostienen.
El espejo de las responsabilidades políticas
La incoherencia política comienza a ser evidente para una parte creciente de la ciudadanía. ¿Con qué autoridad moral puede el alcalde exigir responsabilidades políticas a otras administraciones cuando su propia gestión municipal avanza por un terreno similar de dudas, omisiones y falta de respuestas?
Si el baremo para reclamar dimisiones es la inacción, la dejación de funciones o la ausencia de control, ese mismo criterio debería aplicarse también en el ámbito local, empezando por quien ostenta la máxima responsabilidad institucional en el Ayuntamiento de Telde.
Cada vez son más quienes se preguntan qué criterio utiliza el alcalde para medir las responsabilidades políticas y si esa vara de medir es selectiva o estaría dispuesto a aplicársela a sí mismo cuando los hechos afectan directamente a su gestión. Porque exigir ceses ajenos mientras se eluden los propios errores no refuerza la credibilidad institucional; la erosiona.
Una declaración sin alma
Así, el Pleno aprobó una declaración institucional vaciada de contenido político real, en la que se habla de preocupación ambiental pero se evita señalar a los responsables directos. Una declaración que nace coja y que deja en evidencia la fragilidad del alcalde frente a Coalición Canaria y el Partido Popular.
Mientras tanto, la oposición fue mero espectador de un acuerdo cocinado en despachos y rehecho a última hora para no incomodar a quienes realmente mandan.
Una vez más, el litoral queda en segundo plano cuando entra en juego la supervivencia política.
Juan Santana, periodista y locutor de radio
