El Ayuntamiento de Telde, después del grave accidente acaecido en la Avenida de la Cosntitución en San Gregorio, cuando parte de la cornisa se un edificio desprendió y alcanzó a una mujer que tuvo que ser evacuada a un centro hospitalario, anuncia que estudiará el expediente del inmueble.
El estado de este edificio no es nuevo, la fachada llevaba más de una década cubierta por una malla de protección y presentaba claros signos de desgaste.
La Concejalía de Urbanismo debe tomar medidas cuando estos recubrimientos de mallas de seguridad son una medida provisional -a modo de rápida actuación a la espera de la debida intervención-, y a veces se toma como acción definitiva, y obligar a los propietarios a proceder a restaurar la fachada y caso de no hacerlo, ejecutar dicha acción el Ayuntamiento y pasarle la factura a los vecinos.
No es de recibo que tras este grave accidente el Ayuntamiento anuncie que revisará la situación administrativa y técnica del edificio para esclarecer las circunstancias del desprendimiento y determinar posibles responsabilidades.
Indignación es lo que comparten ahora mismo los vecinos de Telde, esto no es nuevo existen registros y denuncias que señalan el abandono de varios inmuebles en el casco de San Gregorio desde hace más de una década, muchos de ellos publicados en prensa.
Además, reclaman un mayor control periódico del estado de las fachadas en el municipio para prevenir accidentes similares, al considerar que existen otros edificios en condiciones parecidas.
Lo que debe explicar el gobierno local, es por qué no se intervino antes propiciando la Inspección Técnica de Edificios (ITE) Si el mal estado era evidente desde hace más 10 años, la pregunta es por qué no se declaró la ejecución subsidiaria (que el Ayuntamiento arregle y luego pase la factura al dueño).
Mucha culpa de esto también la tiene la pasividad de la Administración local, por la falta de medidas activas a través de inspecciones y sanciones para el cumplimiento de un mantenimiento -al menos de mínimos-, normalmente por entender que estas medidas de control del estado de la planta inmobiliaria son anti-populares y, por tanto, contrarios a su afán de recaudar votos.
Canarias Informativa
