La situación de los y las menores en la actualidad es profundamente delicada. Cada vez conocemos más casos de violencia ejercida contra ellos, especialmente violencia sexual, muchas veces perpetrada por quien debería protegerles: un familiar o una figura de cuidados, casi siempre en el ámbito íntimo del hogar. Si esta es una de las violencias más atroces incluso cuando existe una familia presente que detecta, denuncia y activa los mecanismos de protección —sociales, educativos, sanitarios y judiciales—, ¿qué ocurre cuando esta violencia se produce en entornos donde los menores no tienen redes, ni voz, ni referentes?
Hablamos entonces de menores tutelados, menores migrantes, niñas y niños que se enfrentan solos y solas a un sistema desconocido, en ocasiones sin idioma para pedir ayuda y sin figuras adultas de confianza a las que señalar lo que está ocurriendo. Resulta imposible imaginar el miedo, el dolor y la soledad de quienes, tras un viaje traumático, se ven inmersos en una nueva forma de abandono.
El último episodio conocido tuvo lugar el 18 de noviembre, cuando 13 menores —todas niñas— desaparecieron de un centro de acogida en Arrecife (Lanzarote). Fuentes policiales advierten de que esta cifra podría aumentar. Canarias, sin datos oficiales desglosados, mantiene alrededor de 300 procedimientos abiertos relacionados con menores desaparecidos, aunque la Policía Nacional no especifica cuántos siguen activos ni cuántos centros de tutela existen.
El Informe Anual de Personas Desaparecidas (2024) del Ministerio del Interior recoge 785 denuncias activas por desaparición de menores extranjeros tutelados en Canarias a 31 de diciembre de 2024.
Como advierte el juez Tomás Martín, titular del Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia en Las Palmas de Gran Canaria: “En Canarias se vela por los derechos de los menores no acompañados, y de lo contrario la Fiscalía estaría actuando todos los días.”
Una advertencia que cobra especial relevancia ante la situación de niñas migrantes tuteladas desaparecidas, cuya protección exige acción inmediata. Esta situación interpela además a la responsabilidad in vigilando —la obligación de vigilancia y supervisión de quien tiene a su cargo el cuidado de una menor—, un principio jurídico que adquiere aquí especial peso ante la extrema vulnerabilidad de esta infancia.
Todo esto nos obliga a preguntarnos: ¿qué nos está ocurriendo como sociedad? Esto no va solo de menores migrantes. Va de la fragilidad de toda nuestra infancia en un contexto donde crecen los discursos de odio, las desigualdades y una violencia que se ejerce de forma desproporcionada sobre quienes menos pueden defenderse.
La LOPIVI, nuestra Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, establece claramente que todos los y las menores tienen derecho a vivir libres de cualquier forma de violencia. Y este mandato adquiere una urgencia extrema cuando hablamos de niñas migrantes o tuteladas, cuya vulnerabilidad se multiplica y cuyas desapariciones en Canarias evidencian fallos estructurales de protección que ningún sistema debería tolerar.
Canarias ha sido históricamente tierra de acogida y de paz. Precisamente por eso, no puede permitirse mirar hacia otro lado. La sociedad civil, las instituciones y los poderes públicos deben seguir preguntando dónde están nuestros niños y niñas, qué les ocurre y qué se podría haber evitado. Porque lo que sucede con una menor migrante o una menor tutelada, pone en riesgo el estándar de protección de todos los y las menores.
Necesitamos políticas de prevención, recursos suficientes, coordinación real, formación especializada y sistemas de alerta temprana. Necesitamos no dejar de preguntarnos por nuestra infancia, nuestra esperanza.
“Los derechos no son un regalo: son una conquista diaria”. — Gloria Poyatos
Palmira Deniz secretaria del área de igualdad y diversidad de Nueva Canarias Telde
