El periodismo está para incomodar al poder, no para protegerlo. Cuando se engaña al lector, cuando se fabrican titulares alarmistas y se pone en entredicho a instituciones como la ULPGC sin base científica, se traiciona la esencia misma del oficio.
Lo ocurrido con la información publicada por Actualidad de Telde sobre la supuesta “mayor toxicidad” en las jaulas marinas de Melenara no es un error puntual ni una mala interpretación inocente. Es algo más grave: un ejercicio de manipulación informativa al servicio del poder político y del dinero público.
La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) ha sido clara, rotunda y científica. Su informe no concluye, no sugiere y no avala ningún aumento de toxicidad ni en las jaulas marinas ni en su entorno. Al contrario, afirma que los valores detectados no tienen significación toxicológica y alerta expresamente contra “interpretaciones interesadas”.
Y aun así, ese medio decidió titular justo lo contrario. Eso no es periodismo. Eso es falsear la realidad. La ciencia desmiente; el panfleto insiste El informe, firmado por el catedrático Octavio Pérez Luzardo, analizó 17 muestras de agua, sedimentos, arena y un ejemplar de lubina. La conclusión fue inequívoca:
- Contaminación ambiental corriente
- Concentraciones normales
- Diferencias nulas o irrelevantes entre peces sanos y enfermos
El propio catedrático llegó a calificar las conclusiones publicadas por ese medio como “disparates”, fruto —en el mejor de los casos— de una incapacidad técnica absoluta para interpretar un informe científico. Comparar resultados de agua con vísceras de peces, como si fueran equivalentes, no es un desliz: es un ridículo profesional.
Y aun así, se vendió como “exclusiva”. Quizá ya va siendo hora de saber cuánto cuesta comprar un “medio” en Telde. Tal vez haya llegado el momento de que el Ayuntamiento de Telde haga público, con total transparencia, cuánto dinero cuesta mantener a un seudo medio que se hace pasar por informativo mientras engaña deliberadamente a los ciudadanos.
Porque cuando un medio presume de “actualidad” pero falsea informes científicos, retuerce conclusiones universitarias y actúa sistemáticamente como escudo mediático del poder, la pregunta deja de ser periodística y pasa a ser política:
¿Cuánto vale comprar titulares a la carta?
¿Cuánto cuesta el silencio?
¿Cuál es la tarifa de la desinformación pagada con dinero público?
No hablamos de publicidad institucional legítima. Hablamos de fondos públicos canalizados a través de Gestel hacia un medio que:
- No contrasta
- No rectifica
- No informa
- Y ataca indirectamente a la comunidad científica para proteger al gobierno
Eso no es comunicación institucional.
Eso es propaganda pagada con los impuestos de todos.
Los ciudadanos tienen derecho a saber:
- Cuánto dinero público recibe ese medio
- Bajo qué conceptos
- Con qué criterios
- Y a cambio de qué línea editorial
Porque cuando un medio vive del presupuesto municipal y actúa como defensor permanente del gobierno, deja de ser prensa y pasa a ser un servicio externalizado de maquillaje político.
El periodismo no es propaganda institucional
El periodismo está para incomodar al poder, no para protegerlo. Cuando se engaña al lector, cuando se fabrican titulares alarmistas y se pone en entredicho a instituciones como la ULPGC sin base científica, se traiciona la esencia misma del oficio.
Convertirse en el tablón de anuncios del alcalde, en este caso Juan Antonio Peña Medina, no es liderazgo informativo.
Es sumisión editorial.
La ULPGC no exonera ni condena a nadie. Dice algo mucho más serio:
No se puede señalar culpables sin pruebas científicas concluyentes. Eso es rigor. Lo otro es ruido interesado. Y cuando ese ruido se financia con dinero público, el daño no es solo informativo: es democrático. Porque cuando el periodismo se alquila, la verdad se subasta y los ciudadanos pagan la factura sin haber comprado la mentira.
Juan Santana, periodista y locutor de radio
