A la Coordinadora en Defensa del Patrimonio de Jinámar (COPAJI), se ha comunicado, que la Diputada del Común de Canarias admitió la denuncia que presentaron el pasado 3 de junio de 2025, por la dejación por más de 25 años, del Cabildo Insular de Gran Canaria y los ayuntamientos, en la elaboración de los catálogos insulares y municipales de los bienes culturales. Sin la figura de estos catálogos, el patrimonio cultural de rango inferior a los Bienes de Interés Cultural (B.I.C.), están expuesto a cualquier desaprensivo, porque las instituciones no han visto la necesidad de desarrollar los instrumentos legales que le permiten la Ley 11/2019 de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias, en consecuencia, han incumplido con las competencias que les otorga dicha ley.
La Diputada del Común, el 7 de julio de 2025, comunicó a la COPAJI, que: “Una vez estudiada su queja, registrada en esta institución con la referencia Q25/1496, le comunicamos que la misma ha sido admitida a trámite, por estimar que reúne los requisitos establecidos en el artículo 57 del Estatuto de Autonomía de Canarias y en la Ley del Diputado del Común. Por ello, se iniciarán las actuaciones convenientes con el Ayuntamiento de Telde y con el Cabildo Insular de Gran Canaria, para recabar sendos informes acerca del asunto que ha sido sometido a nuestra consideración. Tan pronto como sea recibida en la Diputación del Común la información solicitada, se pondrá en su conocimiento”.
La denuncia de la COPAJI, de que el Cabildo de Gran Canaria y los ayuntamientos han hecho dejación de sus responsabilidades, no es una afirmación gratuita ya que en el preámbulo de la Ley 11/2019, entre otras, quienes la elaboraron y la aprobaron dicen: “Los instrumentos de protección regulados en la ley anterior no han sido aprobados por la mayor parte de los ayuntamientos de Canarias, dejando sin proteger un número considerable de bienes que ostentan valores patrimoniales dignos de ser preservados…”
“La nueva norma pretende, igualmente, resolver el problema de inactividad de ciertas administraciones públicas a la hora de aprobar los instrumentos de protección del patrimonio cultural, generando con ello la más absoluta desprotección de los bienes que lo integran”.
La Copaji, lleva más un año manteniendo diversas reuniones con las instituciones responsables de patrimonio, pero ante la ausencia de compromisos institucionales para preservar nuestro acervo, se han visto obligados a seguir utilizando los instrumentos legales que le permiten la Ley.
La COPAJI, en un acto de responsabilidad y compromiso con nuestro patrimonio cultural, ha recurrido a la Diputación del Común y ha manifestado estar dispuesto a utilizar las vías legales que le permiten la Ley, para que las autoridades y técnicos, que cobran para proteger nuestro acervo, cumplan con sus funciones y no pongan en riesgo el Patrimonio de Canarias.
