La Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático (la COP), el órgano de las Naciones Unidas encargado de implementar los compromisos asumidos por los países en esta lucha internacional entra en su edición número 30 en un contexto de récord de emisiones de gases de efecto invernadero y de aumento de los incendios catastróficos, inundaciones calamitosas y sequias prolongadas. Y con el planeta ya superando los 1,5ºC por encima de los niveles preindustriales, una “línea roja” a no rebasar por la humanidad si se pretende asegurar un planeta habitable.
Por enésima vez, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) vuelve a alertar de que las contribuciones actuales de las naciones para frenar la crisis climática por emisiones humanas de gases de efecto invernadero siguen siendo insuficientes. Ni siquiera la Unión Europea, que se pretende líder en responsabilidad climática, va más allá de una política verde retardista e incoherente. Y así, a pesar de los sucesivos acuerdos hasta la fecha, el balance de resultados no es nada halagüeño: la tendencia general de las emisiones globales de CO2 ha sido ascendente; el consumo mundial de carbón, petróleo y gas no ha dejado de crecer; y el objetivo de limitar el calentamiento a 1.5°C está en grave riesgo, por lo que es muy probable que se supere en los próximos años.
No obstante, las medidas necesarias para detener la crisis climática son ampliamente consensuadas y de sobras conocidas e incluyen múltiples acciones coordinadas de reducción drástica de emisiones, abandono acelerado de los combustibles fósiles, transición energética renovable masiva, detenimiento de la deforestación e impulso de la restauración de los ecosistemas y eliminación de dióxido de carbono. Toda una bifurcación civilizatoria a la sostenibilidad.
También están acreditadas las responsabilidades históricas, que corresponden a los países desarrollados, con Estados Unidos como mayor emisor, seguido por los países de la Unión Europea (especialmente Alemania y Reino Unido) y Rusia; las responsabilidades actuales, que son de China, el mayor emisor mundial (con aproximadamente el 30% del total de emisiones), seguida por Estados Unidos, la India y la Unión Europea; y las per cápita, correspondientes, por tener las emisiones más altas, a los países más ricos y los grandes productores de petróleo.
Y, como no, están más que determinadas las responsabilidades empresariales, que se concentran en un pequeño número de grandes corporaciones estatales y privadas de combustibles. Por lo que este colapso planetario anunciado (aun) tiene remedio. Aunque, por el lado de la oferta se sigan explotando, impunemente, tecnologías altamente contaminantes, como el fracking y la exploración en aguas profundas, para retrasar el inminente agotamiento geológico del petróleo.
Ya es un clamor que la inacción deliberada, conociendo los daños, constituye una forma de negligencia grave que viola derechos fundamentales y debería castigarse judicialmente esa inoperancia culposa, actuando contra gobiernos, por no tener políticas climáticas lo suficientemente ambiciosas para proteger esos derechos. Y demandando a las grandes empresas de combustibles fósiles, por su responsabilidad histórica en las emisiones y por difundir desinformación sobre el cambio climático sabiendo que sus productos eran dañinos.
La acción judicial climática se basa en principios legales y de derechos humanos profundamente arraigados como son el derecho a la vida, a la salud, a un medio ambiente sano y a la propiedad;
también, en el principio de «Quien contamina paga»; en el deber de diligencia y el principio de precaución de los Estados y las empresas; y en la responsabilidad por publicidad engañosa. Y, así mismo, por el concepto de «Ecocidio», el principio más avanzado y directo para un castigo penal. Existe un movimiento global para que la Corte Penal Internacional reconozca el ecocidio como crimen internacional. Se definiría como «actos ilícitos o arbitrarios perpetrados a sabiendas de que existen grandes probabilidades de que causen daños graves, extensos o duraderos al medio ambiente».
Porque frente a la vulneración generalizada y suicida de los principios democráticos perpetrada por la generalidad de los gobiernos y la dejación de responsabilidades sociales y ecológicas por parte las entidades económicas solo nos queda a la ciudadanía planetaria el Derecho. Y la legitima e indispensable presión sobre las elites de poder. Es por las generaciones más jóvenes y las futuras. Y por el hogar de la vida que sostiene la Tierra. Es ahora.
Xavier Aparici Gisbert, filósofo y experto en gobernanza y participación
