La reunión mantenida con el Consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria y el Director General de Pesca no aportó claridad alguna y confirmó que la ciudadanía ha sido engañada mediante anuncios institucionales que no se corresponden con la realidad.
El Gobierno difundió el 12 de febrero de 2026 que en mayo de 2025 se acordó el cese de la actividad acuícola en Telde. En la reunión se reconoció que dicho acuerdo solo afecta a una concesión —Melenara II— y que no tiene carácter vinculante, ya que la administración autonómica carece de competencias para obligar a la empresa. El supuesto “cese” anunciado no existe: fue un titular vacío, sin efectos jurídicos, sin planificación y difundido justo antes de una manifestación ciudadana. Una maniobra comunicativa que engaña a la población y trivializa un problema ambiental de enorme gravedad.
La situación de Melenara II es especialmente alarmante. Esta concesión opera en una Zona Prohibida para la Acuicultura a 355 metros de la playa y la empresa estaba obligada a desmantelar progresivamente la antigua instalación. Años después, la administración admite no saber en qué estado se encuentra el proceso y reconoce que su cumplimiento depende exclusivamente de la empresa. La salud del litoral queda así sometida a intereses privados, sin control público efectivo.
La falta de transparencia es absoluta. Ninguno de los representantes institucionales recordaba las toneladas autorizadas en cada concesión. Tampoco se facilita el expediente completo de Aquanaria Origen, pese a ser un procedimiento cerrado y anterior al episodio de mortandad masiva. Se escudan en un supuesto secreto fiscal que impide a la ciudadanía acceder a información esencial sobre una actividad que afecta directamente al medio marino.
La gestión del episodio de mortandad masiva de octubre de 2025 evidencia una descoordinación inaceptable. La administración ofreció versiones contradictorias sobre la existencia de un plan de contingencia y no ha podido explicar por qué solo se registraron 600 toneladas retiradas cuando las estimaciones eran muy superiores. Se niega que hubiera descomposición en el mar, pero sin aportar un solo dato verificable.
Las denuncias vecinales y ecologistas por episodios de contaminación llevan años sin respuesta. La administración no está protegiendo el litoral de Telde, no está controlando las concesiones, no está garantizando información veraz y no está cumpliendo con su obligación de velar por el interés general.
La Plataforma por un Mar Limpio exige al Gobierno de Canarias que deje de manipular a la ciudadanía y actúe con la seriedad que este asunto requiere: aclarando públicamente el alcance real del acuerdo anunciado, obligando al desmantelamiento de Melenara II (ubicada en Salinetas), garantizando el acceso a los expedientes, estableciendo protocolos reales de contingencia y reforzando la vigilancia de las concesiones.
La costa de Telde no puede seguir dependiendo de la voluntad de una empresa ni de anuncios vacíos. La ciudadanía merece verdad, control y legalidad, no titulares engañosos ni excusas administrativas.
La Plataforma por un Mar Limpio espera que la Fiscalía actúe con firmeza ante quienes miran hacia otro lado mientras nuestras playas sufren contaminación y abandono institucional.
