«EMISARIO, SILENCIOS Y RESPONSABILIDADES: CUANDO EL MAR HABLÓ Y EL AYUNTAMIENTO DE TELDE MIRÓ AL HORIZONTE»

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En Telde, cuando el mar se pone turbio, no siempre es por mala mar. A veces es por silencios administrativos, de esos que no hacen ruido pero dejan rastro. Y eso es, precisamente, lo que se debate tras conocerse que el Ayuntamiento recibió un informe oficial alertando de graves deficiencias en el emisario submarino… y, al parecer, la marea de decisiones tardó en subir.

El escrito remitido por la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, fechado el 20 de octubre de 2025 y reiterado el 11 de noviembre ante la ausencia total de alegaciones, advertía de problemas serios en una infraestructura clave para la salud del litoral. No era una postal de cortesía ni un “por si acaso”, sino un aviso formal que exigía reacción inmediata. Pero en la orilla municipal, todo parecía discurrir con una calma más propia de un domingo sin viento que de una emergencia ambiental.

La cuestión acabó llegando al pleno de diciembre, cuando el concejal Héctor Suárez formuló la pregunta que muchos vecinos ya se hacían en voz alta:

¿Qué decisión tomó el alcalde tras recibir ese informe? ¿Qué resoluciones se dictaron? ¿En qué plazo se iniciaron los trámites para comprobar, estudiar y corregir las deficiencias denunciadas?

Porque, como recordó el edil, el titular del emisario y de la red de saneamiento es el M. I. Ayuntamiento de Telde, y eso implica liderazgo, diligencia y algo tan básico como actuar.

El foco apunta inevitablemente al alcalde, Juan Antonio Peña, máximo responsable político de la corporación. Gobernar no es solo cortar cintas o hacerse fotos en días de sol; también es afrontar los problemas cuando llegan los informes incómodos. Y aquí la ironía es evidente: mientras el mar daba señales, los documentos entraban por registro y la preocupación ciudadana crecía, la respuesta municipal parecía estar en modo “esperar y ver”.

Tampoco pasa desapercibido el papel de la vicealcaldesa y concejala de Playas, María González Negrín. Porque cuando las playas se ven afectadas y el litoral sufre, mirar para otro lado no es neutralidad institucional, es una decisión política. Y las decisiones —incluso las silenciosas— tienen consecuencias.

La preocupación no es menor. Si se confirma que hubo inacción o retraso tras las advertencias oficiales, el Ayuntamiento podría enfrentarse a sanciones e indemnizaciones que, dicho en román paladino, saldrían del bolsillo de todos los vecinos. En Canarias lo tenemos claro: si el caldero se quema, es porque alguien dejó el fuego encendido.

Y aquí entra el capítulo que nadie quiere leer pero todos esperan: ¿qué pasará si el fiscal, tras analizar el informe que está elaborando el SEPRONA, decide llamar al alcalde para aclarar si el Ayuntamiento gestionó bien —o no— esta situación?

Si la Fiscalía considera que existió una presunta negligencia por omisión, el asunto deja de ser un debate político de pleno para entrar en un terreno mucho más serio. Ya no valdrá el “estamos en ello” nil “esto viene de atrás”.

La gran pregunta, con ironía canaria y respeto institucional, queda en el aire como una ola traicionera:

– ¿Habrá dimisiones si se confirman responsabilidades?

–  ¿Se asumirá el error o se optará por la vieja estrategia del “aquí no pasó nada”?

Porque las playas se limpian, el mar se recupera y los informes se archivan. Pero la confianza ciudadana, cuando se erosiona por la desidia o la falta de respuestas, tarda mucho más en volver. Y esa, al final, es la marea que ningún gobierno debería subestimar.

Juan Santana, periodista y locutor de radio

 

Florentino López Castro

Florentino López Castro

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