«EL VERTIDO OLÍA A HUEVO PODRIDO, A AZUFRE, Y PROCEDÍA, SIN DUDA, DEL EMISARIO DE TELDE»

El origen del episodio de contaminación marina que ha afectado a la costa de Telde desde octubre pasado fue un vertido de un compuesto químico ajeno a la actividad de Aquanaria, que afectó no solo a sus instalaciones, sino también a otras independientes, como las del Instituto EcoAqua, en Taliarte. Así lo aseguran desde la empresa, donde no ocultan su sorpresa ante la insistencia del Ayuntamiento de Telde de atribuirles la responsabilidad de lo sucedido. Pedro Sánchez, portavoz de la compañía, lo resumía ayer muy gráficamente en declaraciones a este periódico. «Olía a huevo podrido, a azufre, y procedía, sin duda, del emisario de Telde», en alusión al número 222, cerca de la zona portuaria de Salinetas. Dicho de otro modo, «era un vertido industrial rico en compuestos azufrados», precisó.

Sánchez salió así al paso del último comunicado de la corporación teldense, con el que este jueves denunció la presencia de más peces muertos en el entorno de las jaulas y que incorporaba imágenes tomadas con un dron de la Policía Local sobre las instalaciones de la piscifactoría. Para la empresa, esa incursión del artilugio policial es «ilegal» y «vulnera muchas leyes».

Este portavoz aseguró no solo que esas imágenes no recogen la situación actual de las granjas, sino que anunció que Aquanaria presentará una denuncia ante la Guardia Civilporque esa presencia del dron sobre una propiedad privada no estaba autorizada, porque se practicó sobre un espacio situado dentro del dominio público marítimo-terrestre, sobre el que el Ayuntamiento no tiene competencias, y porque puso en riesgo la integridad de sus trabajadores. Además, ha grabado y tomado sus propias imágenes y se las ha remitido a Pesca del Gobierno de Canarias, cuyos técnicos, por cierto, tienen previsto girar este viernes una visita de inspección a estos viveros de Telde.

La empresa, que informa de que sus instalaciones ya operan con normalidad, deja claro que el vertido, que le causó la muerte de 2.500 toneladas de sus lubinas y le ha provocado pérdidas de más de 30 millones de euros, no es un bulo ni una ocurrencia, que su existencia está constatada en la investigación abierta por la Fiscalía y el Seprona y que contaminó unas 500 hectáreas de la bahía de Melenara.

Entre otras cosas, apuntan que existen pruebas visuales accesibles al público a través de las imágenes de satélite del sistema Copernicus de la Unión Europea, «donde se aprecia claramente una gran mancha blanquecina en la zona del emisario en imágenes registradas desde el día 3 de octubre de 2025», informaron también en un comunicado.

Además, añaden que esta línea de investigación se ve reforzada por la causa de la muerte de las lubinas (abrasión química en las agallas por sustancia cáustica) y por los análisis que descartan otras causas químicas o biológicas, como han concluido el IUSA (Instituto Universitario de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria de la ULPGC), el Sertox (Servicio de Toxicología de la ULPGC) e Ictiovet.

«No hubo envenenamiento ni una bacteria», insiste Sánchez, quien también desecha la teoría difundida de que la mortandad de los peces se debió a la generación de ácido sulfhídrico por acumulación orgánica bajo las instalaciones. Han aportado imágenes subacuáticas que confirman la ausencia de lodos. Tampoco se produjo un «escenario de sobrecarga orgánica», porque, según Sánchez, la jaula de Melenara, en proceso de desmantelamiento y con capacidad para 800 toneladas, estaba al 60%, y la de Tufia, de 3.500, al 80%. ¿Y por qué entonces solo se murieron estos peces y no otros? «Porque no tuvieron escapatoria frente al vertido, estaban dentro de redes, en los viveros», añade Sánchez. «En contacto con el producto, saltaban desesperados, debía ser algo muy corrosivo».

Aquanaria se agarra, además, a otra pista que refuerza su tesis. Les consta una inspección de Transición Ecológica del Gobierno canario, a mediados de octubre pasado, en el emisario submarino y en la depuradora, que detectó «efluentes no autorizados y conexiones de agua, aguas abajo, no autorizadas, que estaban vertiendo residuos en ese momento, y que reveló también analíticas que dieron concentraciones de contaminantes, tanto sustancias químicas como orgánicas, que superaron varias veces el límite legal». A esto se le suma, según Sánchez, el hallazgo de «graves anomalías estructurales en el diseño del emisario» para las que el Gobierno requirió una subsanación inmediata que el Ayuntamiento, según sus datos, ni siquiera ha respondido.

Fuentes próximas a la investigación apuntan que los trabajos se centran en determinar precisamente el origen de ese vertido. Por lo pronto, el Ayuntamiento de Telde ha remitido ya un informe en el que niega que proceda del emisario o de la EDAR. Mientras, el Seprona ha buscado asesoramiento en un catedrático de la ULPGC. Es probable que los resultados claves no se conozcan hasta enero.

Pedro Sánchez, portavoz de Aquanaria, subraya que la mortandad que les sobrevino tras el vertido fue tan «excepcional» que tanto la empresa como el gestor autorizado para tratar este tipo de residuos en la isla se vieron incapaces de actuar al ritmo en el que se iban produciendo las muertes. A ese inconveniente se le sumó otro, según se queja Sánchez. «Tardaron una semana en autorizarnos el vertido de todos esos residuos en el complejo ambiental de Juan Grande».

Canarias7 / Imagen Ilustrativa de Archivo