Mientras desde el Sindicato de Trabajadores SINTRA, se exige a la administración pública que no siga abusando de sus empleados contratados en fraude de ley, la propia administración sigue estando en contra de toda ley y todo derecho laboral. Hasta la Vicepresidenta de la Comisión del Parlamento Europeo, considera que España viola los derechos de los trabajadores y trabajadoras de su propia administración.
La desprotección de los trabajadores y trabajadoras públicos sigue siendo evidente y palpable, teniéndose que hacer responsable España de tal situación y por ende establecer esa medida, que sea eficaz, disuasoria y proporcional, que no es otra que la fijeza o estabilidad de los trabajadores y trabajadoras en fraude de Ley en las mismas condiciones que un funcionario interino, pero sin llegar a serlo,como medida disuasoria, para que hechos tan vergonzosos como este no vuelvan a ocurrir.
En marzo del pasado año 2021, la Unión Europea advirtió a España que no podía tener un índice de temporalidad laboral tan elevado en las administraciones públicas, inclusive se llegó a afirmar que el mal ejemplo gubernamental era una de las causas de la alta temporalidad en el sector empresarial. España con un 24,2% lidera la temporalidad en la Unión Europea según Eurostar (Agencia de estadística de la U.E.), es evidente que la precariedad laboral es creada por los gobiernos para el control social. Pues se dice que los empleos temporales causan inseguridad laboral y uno de los engaños más utilizados por los políticos consiste en decir que las instituciones protegen ante cualquier inseguridad, en algunos casos mediante subsidios.
Así los políticos crean el problema y después la aparente solución. Las autoridades públicas promueven los trabajos eventuales como forma de evitar que los interinos denuncien la corrupción, porque estos saben que si lo hacen no les renovarán sus empleos. Este es el país en el que vivimos y ya es hora de despertar ante tanta injusticia. La situación hay que considerarla dramática para este colectivo, donde se cierne la más que probable posibilidad que puedan perderlo todo, se califica a nuestro país como el de la vergüenza por no aplicar las normas o criterios jurisprudenciales de mayor rango normativo, la supremacía del Derecho Comunitario, acuñados por la consolidada jurisprudencia del TJUE, es incuestionable.
Desde el Sindicato de Trabajadores Sintra, es claro el abuso que, en materia de contratación, ha generado el fraude en la administración, por tanto, acreditada la existencia de dicho abuso, la cuestión sería cual es la respuesta eficaz, disuasoria y proporcional que debe ser adoptada para garantizar la plena eficacia del Derecho de la Unión. Por tanto y desde SINTRA, se considera que la medida sancionadora más acorde y equilibrada, para dar cumplimiento a los fines de la Directiva Comunitaria –con la debida protección de los empleados y empleadas públicos/as víctimas de abuso- es el de la transformación de la relación temporal abusiva en una relación fija. Considerándola la más idónea porque de esta manera se garantiza definitivamente el derecho a la estabilidad en el empleo.
Por todo lo aquí expuesto Sintra, se muestra totalmente en contra de cualquier negociación que los diferentes Ayuntamientos de nuestra Provincia, estén llevando a cabo, sin tener en cuenta los criterios jurisprudenciales que amparan, protegen y defienden el empleo, así como la estabilidad del mismo de los empleados públicos en fraude de ley. No hay más negociación que declarar la estabilidad en el empleo de los trabajadores y trabajadoras en fraude de ley, lo cual queremos poner en conocimiento la posición de este Sindicato de Trabajadores Sintra, no solo a la Concejal de Recursos Humanos de Telde la Sra. Celeste López, sino de paso también a todos los Concejales de Recursos Humanos de los Ayuntamientos.
Exigimos que nuestros políticos den ejemplo de respeto a la primacía del derecho así que menos negociación y más estabilidad por fraude en la contratación. Solución ya.
