Los vecinos del edificio incendiado en Jinámar el pasado 31 de agosto siguen sin luz y soportando «terribles dificultades» en su día a día, informa el presidente de la Asociación de Vecinos del barrio, José Domingo Carbonell. El día de ayer, personal de Endesa contactó con la Asociación y se comprometió a acudir el próximo lunes a «quitar un armario eléctrico que lleva ahí 40 años y daba electricidad a otros dos edificios», apunta Carbonell.
El incendio, que fue originado por un cortocircuito en el cuarto de contadores, dejó a las 47 viviendas sin suministro eléctrico, y así siguen a día de hoy. Tras casi cinco meses de negociaciones con la aseguradora contratada, así como con Emalsa, Endesa y el Ayuntamiento, los vecinos siguen sin poder darle al interruptor de sus casas y teniendo que hacer frente al grueso de las reparaciones.
Las conversaciones con Emalsa terminaron antes de empezar, ya que fueron los propios habitantes del bloque quienes le pusieran solución. Tras pasar los primeros 16 días sin agua, ellos mismos hicieron las labores de reparación, ya que «Emalsa no intervino para nada», apostilla.
Por su parte, las obras para renovar el cableado de las 11 plantas no comenzaron hasta dos meses después del siniestro. Dándose el caso de que fueron los propios residentes quienes tuvieron que buscar una empresa que se hiciera cargo de la ejecución de la obra, elaborar un presupuesto y esperar a que Mapfre lo aceptara. El proceso duró dos meses, ya que «hubo que discutir mucho con Mapfre para que aceptara el presupuesto», informa Carbonell. Una vez llegados a un acuerdo con la aseguradora, el día 27 de octubre comenzaron las obras, que consistieron en «romper suelos para pasar todos los tubos» e instalar el nuevo cablerío. Algo bastante complicado de acometer sin electricidad.
La cantidad abonada por parte de la aseguradora a los propietarios de las viviendas varía en función «del recibo del alquiler» y aunque en alguna ocasión se han retrasado en el pago, «al final lo han ido ingresando todo».
La mayoría de las familias que residían en dicho bloque han tenido que dejar sus hogares y buscar alternativas habitacionales en distintos municipios de la isla. Eso los que han podido, ya que hay quienes, por diversos motivos, no han abandonado el edificio y hacen vida como pueden «en condiciones muy difíciles», añade Carbonell.
El presidente de la Asociación ha sido uno de los que optaron por mudarse a otro piso mientras duren las reparaciones. En su caso, consiguió un alquiler en Arinaga por 650 euros. «La media de alquiler está entre 600 y 800 euros», afirma. Además de la dificultad de organizar una mudanza de la noche a la mañana, hay que tener en cuenta la problemática actual del mercado de la vivienda y el hecho de que «casi nadie te alquila sólo para tres o cuatro meses».
La Provincia-Dlp
