La jueza del juzgado de Instrucción número 1 de Telde, María Cecilia López Vázquez, frenó el desahucio de una mujer y de sus cuatro hijos, los cuales tienen 11 años, ocho y dos de ellos de año y medio, que residen en una vivienda en la calle Fernando Sagaseta, en el Valle de Jinámar, en el municipio de Telde.
La titular del citado juzgado la absolvió de un delito leve por ocupación del mencionado piso, que es propiedad del Banco Santander, y declaró de oficio las costas de dicho proceso judicial llevado a cabo, «al no existir persona criminalmente responsable de los hechos», como falló el pasado miércoles día 23 de octubre.
En la citada sentencia figuró como probado que un procurador, en nombre y en representación de la entidad bancaria, denunció el pasado día 8 de noviembre de 2018 en el Juzgado Decano de Telde que terceras personas ocuparon ilegalmente la vivienda sita en la calle Fernando Sagaseta y que es propiedad del denunciante. «De la prueba practicada no queda acreditado el delictivo de los hechos denunciados», resaltó la sentencia.
Entre los fundamentos de derecho, se expuso que «se trata de un delito de lesión al bien jurídico protegido, pues, se protege al poseedor que goce y disfrute efectivamente del bien, que lo utilice en cualquier concepto o que el poseedor haya adoptado las medidas necesarias para dar efectividad a su utilización». Sin embargo, se puntualizó que según la jurisprudencia de las Audiencias Provinciales se entiende que «no se ha de apreciar el delito leve de usurpación en ocupaciones de fincas abandonadas, ni en las ocupaciones temporales, transitorias u ocasionales».
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Asimismo, se resaltó en la sentencia el «estado de necesidad», como cuenta el artículo 20.5 del código penal, «siendo esas circunstancias eximentes de la responsabilidad criminal, exigiendo para apreciar dicha eximente un conflicto de intereses de modo que para salvar el bien propio ha de lesionarse el ajeno, que el sujeto activo actúe para evitar un mal, que el mal causado no sea de mayor entidad que el que se trata de evitar».
De la misma manera, la mujer denunciada acreditó el empadronamiento de sus vástagos menores de edad y de ella, y que la ocupó por necesidad. También, se acreditó que la madre de los pequeños presentó en el mes de mayo de 2012 la solicitud de inscripción en el registro público de demandantes de vivienda protegida de Canarias, «sin que conste que los organismos correspondientes hayan dado respuesta alguna a la solicitud».
La demandada tiene exiguos ingresos económicos, al contar sólo con un ingreso mensual de 430,27 euros, con los que debe atender a las necesidades de sus cuatro hijos de corta edad, así como las suyas propias.
El denunciante manifestó que «comenzó las gestiones necesarias para la venta de la vivienda», sin que en el acto de la vista se acredite y se concrete dichas gestiones.
El representante de la entidad bancaria no pudo tampoco concretar cuándo fue ocupada la vivienda. A ello, la denunciada aportó fotografías acreditando «el penoso estado»en el que se encontraba el piso cuando fue ocupado. Todo ello determinó la absolución de la demandada del delito leve, debiendo el denunciante, si así lo estima, acudir a la vía civil con el objetivo de recuperar la vivienda.
La madre denunciada fue defendida por la abogada Isabel Saavedra Domenech, quien está muy vinculada a pleitos relacionados con la ocupación de viviendas y persigue el objetivo de evitar los desahucios.
Por su parte, Arístides Rodríguez, portavoz de Telde Responde, señaló que «lamentablemente la situación de esta mujer con cuatro hijos no es un caso aislado, ya que es bastante habitual en el Valle de Jinámar, con más de 25.000 personas, y que es tratado como un gueto».
«Se trata de una situación bastante precaria. Incluso esa ayuda mensual de 430,07 euros, con la que intenta pagar el agua y la luz, cuando puede, le finalizará a principios del próximo año», indicó Arístides Rodríguez, quien conoce de forma directa a esta mujer afectada.
También destacó que, en este caso, como en otros muchos existentes en el Valle de Jinámar, «los distintos colectivos ayudan a esta madre cuando pueden, como se ha hecho con el material escolar. Varias ONG les aporta comida para sus hijos y para ella, aunque hay limitaciones en cantidad y calidad porque es también para otras muchas familias desestructuradas».
La Provincia-Dlp
