Una familia en riesgo de exclusión social okupa un edificio de oficinas del Ayuntamiento en Jinámar

«No tengo luz ni agua, pero mis hijos y yo dormimos bajo techo». Cristina Rodríguez, de 32 años, y sus tres hijos de 15, 14 y 12 viven en un edificio de oficinas del Ayuntamiento en el polígono industrial Maipez. «No es mío, pero no me quedó otra, me vi en la calle y me metí, estaba vacío y abandonado, ¿usted no hubiera hecho lo mismo por sus hijos?».   

Lleva en este inmueble desde el verano. Y el Ayuntamiento lo sabe. Una trabajadora social del Consistorio la visita de vez en cuando y le ha estado haciendo un seguimiento. Hasta ahora nadie le había pedido explicaciones. Al fin y al cabo, Cristina y la gente que le ayuda le colocaron una puerta y con su presencia pusieron fin a los saqueos sistemáticos a los que fue sometido durante años. No le queda un cable en su sitio. Y aún son visibles las pintadas con insultos en las paredes, decorado habitual de los edificios asaltados por los vándalos. Pero ahora todo puede cambiar. El Ayuntamiento necesita un lugar donde meter los enseres, herramientas y personal operario de Festejos y se ha fijado en este edificio.

«A ver, yo nunca he querido quedarme con esto, no es mío, me metí aquí por necesidad, porque me vi en la calle pese a que llevo 13 años esperando una vivienda de protección oficial», aclara Cristina, con lágrimas en los ojos. Pero acto seguido se pone firme. «Lo que sí pido es que no me tiren a la calle, no voy a permitir que mis hijos no tengan un techo donde dormir cuando el Gobierno tiene montón de casas vacías». Solo percibe 150 euros con cargo a la Ley de Dependencia por su hija, que tiene síndrome de Down y una discapacidad del 71%. Llegó a cobrar la PCI, pero ya no tiene derecho y hace más de un año que no trabaja.

VELAS CON PILAS. No es una vivienda, pero la han apañado. «Con ayuda de dos asociaciones, vecinos y algunos conocidos he ido arreglando cosas». No tenía una sola ventana y en estos meses han ido cerrándolas. Le regalaron una cocina usada. Funciona con gas. «No hay cables para una conexión eléctrica, tengo un motor para la luz pero lo pongo algunas noches, si compro gasolina para el motor, no como». Se iluminan con velas que van a pilas. «Cuando me enteré de la muerte de esa señora en Cataluña me entró miedo, me puede pasar a mí». También las usa de cera cuando no tiene pilas. Tampoco dispone de agua corriente. La trae en garrafas.

¿Y la comida? «Vivo de la gente que me ayuda, de varias asociaciones y del banco de alimentos». En su cocina no hay nevera, así que todo lo que requiera frío se lo comen en el día. «Pero yo tengo cuidado, todo lo pruebo antes que mis hijos, por ellos estoy haciendo todo esto».

El concejal de Régimen Interior, Gregorio Viera, avanza que ha solicitado un informe a la Policía Local sobre quién es esta familia, qué situación tiene y qué circunstancias le llevaron a ocupar un espacio público que, por cierto, en su día hizo de vivero de empresas en virtud de un convenio con la Cámara de Comercio que expira el 31 de diciembre de 2017. Explica que en función de ese informe se recabará la participación de Servicios Sociales y se estudiarán qué hacer. Cristina  se vio obligada a ocupar este edificio porque hasta ese momento residía con sus tres hijos en una habitación de apenas 4 metros cuadrados en casa de un familiar. «Teníamos problemas de convivencia y tuvimos que marcharnos». Eso fue en junio pasado. La primera noche durmió en casa de una amistad. Luego se metió aquí. Insiste en que se ha cansado de tocar puertas y de que nadie le haya dado salida. Estuvo con Inés Rojas, la anterior consejera de Vivienda, y ahora se ha visto dos veces con la viceconsejera del área, Isabel Mena. Mandó un escrito al presidente del Gobierno, y otra al Diputado del Común. Y nada. «¿Sabe que me dijeron en el Gobierno cuando me vi en la calle? Que llamara a Infancia. No, a mis hijos los quiero conmigo, están bien atendidos, solo necesito un techo».