Una opinión jurídica interna del Gobierno canario entiende que el procedimiento usado por el Cabildo para renovar en 2015 el régimen especial de recogida de viajeros mediante transfer en el aeropuerto eludió el trámite de audiencia a las partes, lo que hace que el decreto sea anulable.
Esa opinión fue solicitada por la Presidencia del Gobierno canario a raíz de sendas peticiones de la Federación del Taxi Islas Canarias, de la Asociación Radio Gestión del Taxi de la Villa de Ingenio y del propio ayuntamiento de esa misma localidad, todas en enero de 2016. Y en esencia viene a concluir que durante la instrucción del procedimiento para la aprobación del decreto con el que el Cabildo avaló en noviembre de 2015 la continuidad del sistema especial de recogida de viajeros en el aeropuerto y en los puertos de La Luz y de Agaete «no se practicó debidamente el trámite de audiencia» a las partes.
Señalan los juristas del Gobierno regional que el decreto 97/2015, firmado por el consejero insular de Transportes, Francisco Trujillo, trata de una materia, la declaración de áreas sensibles, cuyo contenido afecta a ayuntamientos, taxistas y usuarios, entre los que están los peticionarios del informe. Sin embargo, no les consta que se les concediera trámite de audiencia o se les posibilitara oponerse al decreto, lo que, según la legislación, es causa de anulabilidad.
Si esta opinión derivara en un informe jurídico, avalaría una hipotética decisión del Gobierno regional de impugnar por vía administrativa el decreto del Cabildo, pero los taxistas aseguran que los consejeros regionales del PSOE presionan para que no se haga.
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